No deben delegarse a particulares tareas que el Estado debe cumplir: CDHDF

miércoles, 3 de abril de 2002
México, D F- El titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Emilio Alvarez Icaza, manifestó su profunda preocupación por la propuesta, hecha en la Cámara de Diputados, de permitir la posesión de hasta cinco armas de fuego a cada ciudadano Esta alternativa, dijo, ya ha mostrado su ineficacia en otras naciones En comunicado de prensa, el ombudsman de la Ciudad de México señaló que la seguridad pública y el combate a la delincuencia es una tarea que el Estado tiene la obligación de cumplir y, por ello, no debe delegarse a los particulares Luego de manifestar su profunda preocupación por la propuesta para modificar la Ley Federal de Armas y Municiones, Explosivos y Sustancias Químicas, el organismo que dirige el profesor Emilio Alvarez Icaza subrayó que la seguridad de los ciudadanos es una cuestión de carácter público y es obligación del Estado garantizarla a la sociedad La eventual modificación de la ley de armas es, precisamente, un intento de hacer recaer la responsabilidad de la seguridad pública en los particulares, sin considerar las graves consecuencias que podrían derivarse de ello Enfatizó que en nuestro país la proliferación de armas de fuego no ha traído más que situaciones lamentables Y refirió que dichas consecuencias se observan de manera mucho más contundente en las sociedades donde el acceso a las armas es más amplio Para la CDHDF, insistió, facilitar la posesión de un número mayor de armas de fuego en cada hogar es una alternativa que ha fracasado en otras naciones, en donde ha generado peores problemas de los que se intentan resolver, y ha producido situaciones en las que la autoridad se ha visto rebasada "Convivir con el uso de armas fomentaría la idea de combatir la violencia con más violencia, como opción para la disminución de la inseguridad", apuntó Más aún, el organismo capitalino defensor de los derechos humanos destacó que la propuesta de reforma contradice la ley vigente, la cual convoca a establecer políticas educativas tendientes a reducir la posesión, portación y uso de armas de cualquier tipo Agregó que en sus principios básicos, la normatividad internacional sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por parte de funcionarios encargados de hacer valer la ley establece claramente que las fuerzas policiales deben hacer uso de aquéllas como "último recurso" en su función de proteger el bien jurídico de la sociedad En conclusión, la CDHDF señaló que es obligación de las autoridades responsables el diseño y aplicación de políticas efectivas de prevención del delito, apegadas al respeto irrestricto de los derechos humanos y no de la ciudadanía02/04/02