México, D F-- El juez sexto de distrito del Estado de México sobreseyó el amparo 713/2001, promovido por el general brigadier José Francisco Gallardo Rodríguez, en el que demandaba el cabal cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) En este amparo Gallardo solicita, además de su liberación, que ya se ha cumplido, la restitución de su grado y cargo, el pago de salarios caídos y una indemnización por daños y perjuicios por parte de la autoridad militar La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), que junto con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) promovió el caso ante la CIDH, denunció que una vez más la figura del "sobreseimiento" es utilizada por el Poder Judicial para no fijar su postura y establecer un criterio al respecto En respuesta, el abogado defensor de Gallardo, Félix Francisco Garza Martínez, informó que presentará un recurso de revisión ante un tribunal colegiado para insistir en la validez de las exigencias del general La sentencia del juez José Antonio Sánchez Castillo considera que, al contrario de lo que argumenta Gallardo, la recomendación de la CIDH sí fue cumplida por el Ejecutivo federal Además, valida el punto de vista del gobierno mexicano, en el sentido de que el encarcelamiento del militar no se debía a la desobediencia a la CIDH, sino al dictamen de sentencia debidamente emitida por dos consejos de guerra Garza Martínez señaló que esta sentencia se rebatirá en la revisión que interpondrá, pues a su juicio existen elementos para obligar al presidente Fox a cumplir todos los puntos de la recomendación del organismo El 18 de febrero del año pasado, el general Gallardo demandó el amparo de la justicia federal, a fin de que se diera cabal cumplimiento a las recomendaciones de la CIDH, publicadas el 15 de octubre de 1996, en el informe 43/96 Tanto para la CMDPDH como para el Cejil, con esta decisión judicial de nueva cuenta se están violando los derechos del general Gallardo, pues además se muestra fehacientemente el incumplimiento de los acuerdos internacionales y su desconocimiento Subrayan que esta decisión trae como consecuencia que el Poder Judicial no entre al estudio del fondo del asunto y que, por ende, omita pronunciarse respecto de la obligatoriedad de las resoluciones adoptadas por organismos internacionales de derechos humanos Por ello, instaron al Poder Judicial mexicano a cumplir con sus obligaciones constitucionales, de aplicar las convenciones y tratados internacionales de derechos humanos Así, exigieron al gobierno del presidente Vicente Fox cumplir con todos aquellos compromisos adquiridos por el Estado mexicano en el marco del Sistema Interamericano de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, y ejecutar totalmente las recomendaciones de la CIDH en el caso del general Gallardo08/04/02