Pide HRW al gobierno mexicano abolir leyes que facilitan el castigo a periodistas

miércoles, 22 de mayo de 2002
México, DF - El organismo internacional Human Rights Watch (HRW) demandó al gobierno del presidente Vicente Fox promover la abolición de las leyes que facilitan el castigo del ejercicio periodístico bajo el argumento de la "difamación" a servidores públicos En carta abierta al primer mandatario, difundida este martes y firmada por José Miguel Vivanco, director ejecutivo del organismo, se pide adoptar las medidas a su alcance para garantizar el retiro de cargos contra Alejandro Junco de la Vega, presidente y editor del periódico Reforma, y dos de sus reporteros, bajo proceso judicial por haber difamado a un diputado En opinión de HRW, se debe trabajar para que "ningún periodista mexicano tenga motivos para temer un procesamiento penal por ejercer su profesión" Cuando un país permite que sus funcionarios públicos interpongan cargos penales contra periodistas por su trabajo informativo, está poniendo en peligro la libertad de prensa, así como la libertad de expresión de todos sus ciudadanos, advierte Aunque Human Rights Watch reconoce que las normas sobre difamación permiten proteger a los ciudadanos frente a informaciones claramente inexactas y perjudiciales, sostiene que en el caso de los funcionarios públicos socava la libertad de expresión Más aún, señala que la legislación mexicana sobre difamación es innecesariamente punitiva y socava la capacidad de garantizar la libertad de expresión en México Según el organismo no gubernamental, es especialmente importante que la difamación no constituya un delito penal en los casos relacionados con funcionarios públicos, quienes deben ser objeto de un exhaustivo escrutinio por parte del público al que sirven Tanto Junco de la Vega como los periodistas Enrique I Gómez y Humberto Padgett fueron acusados de difamación por el diputado del Estado de México Carlos Galán Domínguez, a raíz de un artículo sobre la presunta distribución ilegal de los fondos de la Legislatura local De ser hallados culpables, el editor y los periodistas podrían ser sentenciados a un máximo de tres años de prisión 21/05/02

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