Impunidad, por "resquicios en la ley": Carrillo Prieto

sábado, 13 de julio de 2002
Puebla, Pue (apro)- Ignacio Carrillo Prieto, fiscal especial para la investigación de Movimientos Políticos y Sociales del Pasado, admitió aquí que para el próximo 2 de octubre no habrá avances sustanciales en la labor que realiza, debido sobre todo a los "resquicios de la ley", y a que se trata de un proceso largo, que "debe empezar por la reconstrucción de hechos antes de pasar al terreno del derecho" Invitado por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), institución que fue escenario de represiones que costaron la vida a tres líderes estudiantiles en la década de los setenta, el fiscal recordó que su función no es la de un juez "Lo que tenemos que aclarar es la verdad histórica, ese es el núcleo definitorio de nuestro trabajo", dijo Tras reconocer las fallas que tiene el sistema judicial mexicano, explicó las dos etapas generales que seguirán en la fiscalía: "Lo primero es la investigación de hechos y después resolver conforme a derecho, cuidando la correcta aplicación de las leyes en todos los casos" Para tal efecto se llamará a comparecer a todos los actores que la fiscalía considere pertinente, sin excepciones de ningún tipo para exgobernantes o funcionarios en activo, lo que se desprenderá de la reconstrucción de hechos, que se realizará a partir de la rendición de testimonios y de la revisión de archivos nacionales y extranjeros sobre esa etapa de la vida en México Aclaró que de momento no se tiene ningún elementos para fincar de una vez responsabilidades en contra de nadie, pero eso no quiere decir que no se tratará de ejercer toda la acción de la justicia y pasar a los tribunales a la gente que tenga que saldar cuentas con el pasado y con la sociedad mexicana Incluso no descartó llamar al banquillo de los acusados a militares de cualquier rango: "Pretendo que se respete la ley", subrayó Y recordó el artículo 13 de la Constitución que rige al país, en donde se menciona que la justicia militar sólo se hará cargo de faltas cometidas por sus miembros en contra de la disciplina de esa institución "Lo que quiere decir que todo lo que no sea en ese sentido, corresponde al fuero civil" Carrillo Prieto admitió las "lagunas" legales que podrían entorpecer la labor de la fiscalía a su cargo, pero confió en que no se trate de barreras infranqueables "Todo sistema legal tiene sus fallas, sus deficiencias, y aquí es donde se requiere de mucho trabajo del Ministerio Público", además que evidenciaría la necesidad urgente de realizar un "debate ordenado e ilustrado" sobre la tipificación de los crímenes, sobre todo los de lesa humanidad, la retroactividad de las leyes y en general de problemas relacionados que son de interés nacional y que se deben discutir en lo que resta del sexenio de Vicente Fox En tanto, se comprometió a poner "todo nuestro empeño, haciendo uso de todas las disposiciones, tanto nacionales como internacionales", para llegar a un buen término de los casos que se investigan en la fiscalía Por otro lado, se refirió a los asesinatos de tres líderes universitarios cometidos en 1972 y 1973 en esta entidad, calificándolos como "crímenes de Estado" Los nombres de los dirigentes que perdieron la vida son Joel Arriaga Navarro, Enrique Cabrera Barroso y Alfonso Calderón Moreno, crímenes que no se han querido esclarecer desde los setenta, en que fue gobernador Gonzalo Bautista O?Farril, sucedido por Guillermo Morales Lumenkas (propietario de la estación de radio XEQK) Alfredo Toxqui Fernández, Mariano Piña Olaya, el polémico Manuel Bartlett y actualmente Melquiades Morales Flores, en cuyo sexenio se decidió dar carpetazo a las investigaciones en la Procuraduría local, lo que motivó a los ofendidos y familiares de los asesinados a solicitar la intervención de la fiscalía "La solicitud fue aceptada porque se trata de ejecuciones extrajudiciales, lo que quiere decir que fueron hechas bajo amparo y complicidad de autoridades de gobierno y utilizando medios del Estado", apuntó Carrillo Prieto Bajo esta lógica se realizan las investigaciones, actuando "con recursos escasos" en las tres oficinas que se tienen hasta el momento, una en el Archivo General de la Nación (AGN), otra en Culiacán, y una más en Atoyac de Alvarez, en Guerrero, "en la que hemos tenido una participación de la gente superior a la que esperábamos, pues se trata de un lugar que dejó de creer en el gobierno federal porque nunca se hizo nada para tratar de esclarecer las desapariciones forzadas relacionadas con la guerra sucia", comentó Ahora lo que nos corresponde hacer es obligar a que se acate la ley y "los gobernantes no pueden quedar excluidos: ni los de ayer ni los de hoy", y se hará lo posible por llegar a buen término, a pesar de los resquicios que tiene la ley, machacó 12/07/02