México, DF - Con el fin de impedir que los legisladores federales lleven a cabo actividades privadas remuneradas paralelas a su gestión, y evitar así posibles conflictos de interés, la bancada perredista en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión presentará un proyecto de reforma constitucional, informó el senador Demetrio Sodi de la Tijera A raíz del escándalo que ha desatado el senador Diego Fernández de Cevallos por haber ganado un litigio en contra de la Secretaría de la Reforma Agraria, Sodi dio a conocer el proyecto del PRD pretende establecer en la Constitución la prohibición de que un legislador realice actividades remuneradas aparte de su trabajo como servidor público Se trata de impedir, dijo, "corruptelas y prebendas que permiten y promueven el tráfico de influencias al utilizar el cargo público para fines distintos a los del interés general" El caso de Fernández de Cevallos, apuntó, "no es el único, ya que hay otros senadores y diputados, como Salvador Rocha Díaz, Fauzi Hamdan, Fernando Pérez Noriega, que tienen despachos jurídicos Además, hay legisladores que al mismo tiempo son empresarios, que tienen fábricas y hasta hoteles, y que se dedican al tráfico de influencias" y presionan para legislar a favor de los sectores de su interés, lo cual es indebido Detalló que dicha iniciativa, que se presentará el miércoles, plantea reformas a los artículos 5, 102 y 108 constitucionales En este proyecto se apunta la necesidad de que la función pública no se mezcle con la función privada, excepto cuando ésta tenga un carácter social, docente, literario, científico o de beneficencia Al respecto, el coordinador de los diputados perredistas, Martí Batres, manifestó que es indispensable regular la actividad de los legisladores litigantes, pues en muchos casos éstos se convierten en "coyotes", pero "de angora", de lujo Un funcionario, dijo, "no puede ser leal a la función pública y al mismo tiempo a particulares y privados, menos aún si hay de por medio grandes cantidades de dinero Quien se va a dedicar a la función pública debe dedicarse estrictamente a ésta, si no, se incurre en una suerte de prevaricato y se actúa en contra del interés fundamental que se debería defender" Sobre Fernández de Cevallos, apuntó que "es inmoral coyotear contra el Estado, es coyotaje a gran escala Si estamos en contra de que haya coyotes afuera de un registro civil, no podemos estar de acuerdo en que haya coyotes de angora" Al respecto, Salvador Rocha Díaz manifestó no darse por aludido, ya que en su carrera de litigante y legislador nunca ha atendido un cliente que le hiciera entrar en conflicto con sus obligaciones como servidor público Además, aseguró que el diputado Martí Batres carece de la cultura suficiente como para saber lo que es la moral, la ética y el derecho, y hacer afirmaciones como las que hizo El priista agregó que como ya está viejo y "no me afectaría", estaría dispuesto a votar a favor de la iniciativa de reforma que presentará el PRD02/07/02