México, D F (apro)- La Procuraduría General de la República (PGR) solicitó hoy a la Cámara de Diputados el desafuero del líder petrolero y legislador federal, Carlos Romero Deschamps; del senador Ricardo Aldana Prieto, así como del diputado local por Tamaulipas Jesús Olvera Méndez La razón, según la PGR: "Que puedan ser sujetos de acción penal por los desvíos ilegales de fondos procedentes de Petróleos Mexicanos" La PGR expone, además, que dicha solicitud de Declaración de Procedencia --proceso previo para iniciar el desafuero-- obedece a los que tres legisladores son señalados como probables responsables del desvío de recursos de Pemex Se les acusa de un desvío de poco más de 2 mil millones de pesos para financiar la campaña de Francisco Labastida, candidato del PRI en el 2000, lo que configura los delitos de peculado y uso indebido de atribuciones y facultades, previstos en el Código Penal Federal Todo comenzó a principios del 2001 Semanas después de haber tomado asiento en la silla presidencial, Vicente Fox ordenó a la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo que se practicara una auditoría en Pemex --y otras dependencias--, con el fin de acreditar la corrupción en la que habían incurrido funcionarios del sexenio de Ernesto Zedillo Con el objetivo de encarcelar a los "peces gordos", como llamó el contralor Francisco Barrio a los políticos y funcionarios corruptos, a las investigaciones se sumaron la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y Pemex Pronto encontraron datos y evidencias que acreditaron que entre el entonces director de Pemex, Rogelio Montemayor Seguy, y los líderes petroleros --Carlos Romero y Ricardo Aldana Prieto (el tesorero sindical)-- maquinaron el desvío de cerca de 2 mil millones de pesos; también se encontraron elementos --según las investigaciones-- de que el dinero salió de Petróleos Mexicanos por la vía del préstamo y bajo los esquemas establecidos en los convenios firmados entre la empresa y el sindicato Así, la PGR, a través de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO) --se cuestiona que en delitos cometidos por funcionarios públicos intervenga un área que tiene que ver con la delincuencia organizada-- inició la averiguación previa y determinó el ejercicio de la acción penal en contra del exdirector de Pemex, Rogelio Montemayor, y otros cinco exservidores públicos de la paraestatal que son considerados como probables responsables de los delitos de peculado y uso indebido de atribuciones y facultades Ambos no son de los catalogados en el Código Penal como graves De acuerdo con la PGR, se encontraron elementos para acreditar el referido desvío de recursos del presupuesto de Pemex, mediante la suscripción de una serie de convenios administrativos-sindicales, celebrados entre los exdirectivos de Petróleos Mexicanos y los legisladores mencionados, con el supuesto objeto de cubrir diversas obligaciones a cargo de la paraestatal y otorgar donativos en favor del sindicato, los cuales en su momento --según la investigación-- no cumplieron con la normatividad aplicable La PGR añade que en dichos convenios sólo constituyen un medio para tratar de legitimar el desvío de los recursos públicos, que, incluso, no fueron aplicados para los fines señalados en los propios convenios En 1983, en medio de un país convulsionado por la estela de corrupción que dejó el gobierno de José López Portillo, el presidente Miguel de la Madrid --recién asumido el poder-- maniobró para desaforar y encarcelar a Jorge Díaz Serrano, quien había sido director de Pemex con López Portillo Se le acreditaron diversos fraudes, principalmente en la construcción de buques que la paraestatal, bajo la dirección de Díaz Serrano, había mandado a construir al extranjero Desde entonces, el Ministerio Público Federal no solicitaba un desafuero Veintinueve años después, la PGR solicita un juicio de procedencia en medio de un escándalo que otra vez tiene que ver con Pemex10/09/02