México, D F (apro)- Ignacio Carrillo Prieto, titular de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, afirmó hoy que el hecho de que el expresidente Luis Echeverría, y algunos de los principales indiciados en la matanza del 2 de octubre de 1968, se acojan al artículo 20 constitucional, no imposibilita ni retrasa la acción de la justicia Categórico, expresó: "De ninguna manera Hay otros elementos, testimoniales, documentales y periciales, para reconstruir la verdad de los hechos" Entrevistado al término de la diligencia ministerial que tuvo como escenario la residencia de Julio Sánchez Vargas, quien fuera procurador general de la República, tanto en la masacre del 2 de octubre de 1968 como en la del 10 de junio de 1971, el fiscal especial dijo estar satisfecho de los éxitos alcanzados hasta ahora La expectativa que debe aguardar la gente, a 34 años de lo ocurrido el 2 de octubre, es que se haga justicia "Y es lo que estamos procurando", dijo El exprocurador Sánchez Vargas, de 89 años, al igual que el expresidente Luis Echeverría y el exregente Alfonso Martínez Domíguez, esgrimió problemas de salud para no comparecer ante el fiscal Carrillo Prieto y así poder celebrar la diligencia en su propio domicilio, en la calle de Jardín 26, San Angel, en la colonia Tlacopac El fiscal calificó su encuentro con Sánchez Vargas de fructífero: "Le hice las preguntas debidas El hizo declaraciones Y continuamos integrando la averiguación previa" De buen ánimo, tras seis horas de diligencia, Carrillo Prieto expresó que para el próximo 2 de octubre, en que se cumplen 34 años de los trágicos acontecimientos que cegaron la vida a cientos de estudiantes, la ciudadanía puede tener la certeza de que la fiscalía está trabajando y que seguirá trabajando como hasta ahora Dijo que aunque ya ha hecho dos informes sobre lo ocurrido el 2 de octubre de 1968, con la declaración de Sánchez Vargas habrá necesidad de actualizar el reporte de la averiguación previa Inclusive, mencionó que todavía no se tiene fecha para la comparecencia de Pedro Ojeda Paullada, quien sustituyera a Sánchez Vargas al frente de la PGR Mencionó, así mismo, que se empezó a revisar el archivo fotográfico que envió la UNAM, y confió que mucho servirá para una mejor integración de la averiguación previa Carrillo Prieto calificó de sumamente importantes las declaraciones de fiscal Salvador del Toro, porque señala cómo ocurrieron las cosas y cómo, quizá, se tergiversaron los conceptos legales Es necesario recordar que Del Toro fue el fiscal encargado de integrar las primeras averiguaciones contra los líderes estudiantiles del 68, y quien posteriormente, en sus memorias publicadas en los noventa, refiere cómo se atropelló la ley a la hora de encarcelar, por consigna, a un sinnúmero de dirigentes estudiantiles, así como a militantes en ese entonces del Partido Comunista Por otra parte, el fiscal especial Carrillo Prieto afirmó que todavía no se contempla la posibilidad de realizar un careo entre Salvador del Toro y Luis Echeverría, Martínez Domínguez y Sánchez Vargas Por su parte, el exdelegado político en Tlalpan, Salvador Martínez della Roca "El Pino" y Rafael Martín del Campo, actual subtesorero de Administración Tributaria del Gobierno del Distrito Federal, en su calidad de miembros del Comité del 68, calificaron de "desastrosa" la diligencia con el exprocurador Julio Sánchez Vargas Según "El Pino", el exprocurador esgrime que todo lo del 68 es cosa juzgada, y que ya nada hay por hacer Más aún, se apoya en un documento que envió a la Cámara de Diputados, en febrero de 1998, turnado a la Comisión de la Verdad Precisó que aunque la fiscalía le hizo 95 preguntas y se le leyeron las acusaciones del Comité del 68, Sánchez Vargas se acogió al artículo 20 constitucional para no responder Rafael Martín del Campo señaló que con la actitud asumida por el exprocurador, se evidenció la estrategia de sus abogados de no responder al fiscal y remitirse a los expedientes, para dar por juzgado todo lo ocurrido hace 34 años "Son los abogados del poder", coincidieron Y es que los defensores de Sánchez Vargas son los mismos que asesoran a Luis Echeverría y a Martínez Dominguez Entre los litigantes mencionan a Juan Velázquez y a Samuel Alva Leyva Su estrategia es eludir contestar el interrogatorio, y además acogerse al 20 constitucional, así como esgrimir que las acusaciones no contemplan los requisitos del artículo 149 del Código de Procedimientos Penales, que es el que tipifica el delito de genocidio En opinión de "El Pino" y de Martín del Campo, ya existen los elementos suficientes para empezar a fincar responsabilidades, esto a partir de la declaración de Salvador del Toro, quien le dio un "nuevo aire", junto con las pruebas aportadas por el Comité del 68, a la investigación sobre la matanza de Tlatelolco 24/09/02