Monterrey, N L, (apro)- Francisco Barrio Terrazas, contralor de la Federación, descartó que Fernando Canales Clariond, recién nombrado secretario de Economía, enfrente un conflicto de intereses por ser uno de los propietarios de la empresa IMSA, la mayor procesadora de acero en México Barrio dijo que el exgobernador de Nuevo León no ha infringido ninguna ley ni norma al asumir un puesto en el gabinete desde donde se norma el comercio de este sector industrial “La Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos señala específicamente qué puede y no puede hacer un funcionario; pero en este caso Canales no incurre en ninguna irregularidad por el sólo hecho de ser secretario y empresario”, explicó “Hablamos de algo muy diferente si algún funcionario beneficia con obras públicas a él mismo o a una persona con un vínculo familiar, pero hasta ahora no se da un conflicto de intereses”, explicó Barrio, quien el viernes estuvo en Monterrey para reunirse con empresarios locales y hablar de los programas de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) Canales Clariond declaró, luego de asumir la titularidad de Economía, que contaba con cerca del 11 por ciento de las acciones de IMSA; pero desde 1996, cuando hizo la campaña ganadora para el gobierno de Nuevo León por Acción Nacional, dejó su puesto en el consejo de administración Barrio precisó que en este año electoral, se abstendrá de hacer recomendaciones a funcionarios estatales o municipales, ya que están fuera de su competencia, pero sí hará observaciones a trabajadores federales para que se conduzcan dentro de la ley “Desde que llegamos aquí no puedo andar de oficioso dando recomendaciones a quienes no están en mi área de acción Lo que sí puedo hacer, y lo hago, es decirle a los funcionarios federales que tienen que estar dentro del marco de la ley, y ya hemos hecho recomendaciones concretas sobre los horarios en que debemos trabajar y el uso que le deben dar a los vehículos oficiales, por ejemplo”, dijo Al hablar ante los empresarios locales sobre el combate a la corrupción, el contralor destacó que desde que inició el sexenio, en diciembre del 2000, ha habido 15 mil 572 sanciones administrativas, que han sido aplicadas a 12 mil 273 funcionarios De ese total, dijo, la Secodam ha presentado 268 denuncias penales contra servidores públicos, que han derivado en 83 órdenes de aprehensión y 53 autos de formal prisión Con respecto al caso del presunto desvío de recursos de Petróleos Mexicanos a la pasada campaña federal del PRI, Barrio señaló que el trabajo de la Contraloría terminó al presentar la respectiva denuncia penal y el resto corresponde a la Procuraduría General de la República17/01/03