Jalapa, Ver (apro)- La fracción parlamentaria del PAN presentó un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por supuestas violaciones cometidas por el Congreso de la Unión que acordó otorgar 26 por ciento más de las acciones de las paraestatales a estados y municipios donde se asientan Administraciones Portuarias Integrales (API)Por su lado, el gobierno de Miguel Alemán Velasco interpuso una denuncia penal ante el Ministerio Público Federal en contra de quienes resulten responsables por los presuntos delitos de abuso de confianza, fraude, coalición de servidores públicos y uso indebido de atribuciones, por no haber recibido utilidades por un monto superior a 380 millones de pesos de las API de los puertos de Veracruz, Coatzacoalcos, Tuxpan y Tampico El gobierno alemanista informó que el 10 de enero del 2002, el Gobierno del estado solicitó al Ejecutivo federal la transferencia de las acciones de las API ubicadas en territorio veracruzano --Veracruz, Coatzacoalcos y Tampico--, las que a la fecha no se han entregado a pesar de los trámites realizados a lo largo del año pasado Esta situación, señala, “se traduce en una violación a dicha disposición legal por parte de la SHCP” Además, afirma que los consejos de administración votaron y acordaron asuntos que son atribución de las asambleas generales de los accionistas, “implicando esto un exceso en el ejercicio de sus atribuciones”, en perjuicio del estado de Veracruz y de los ayuntamientos, “toda vez que de manera ilegitima deciden sobre el destino de las utilidades que por derecho corresponden ya al estado” De manera formal, dijo que el 20 por ciento de esas acciones han sido requeridas a la SHCP, que conforme a la Ley de Ingresos de la Federación corresponde legalmente al estado de Veracruz, pero ésta lo ha retenido de manea ilegitima, por lo que en pleno ejercicio de sus derechos tuvo que recurrir a esa instancia jurídica De entrada, señaló que el Congreso de la Unión no tiene atribuciones para ordenarle al titular del Ejecutivo federal, a la SHCP y a las Administraciones Portuarias Integrales, que son empresas paraestatales federales, “que se deshagan de algo”, lo cual constituye una invasión de la competencia del gobierno de la Federación Para poder deshacerse de esas acciones se tendría que dar seguimiento a diversos trámites, dijo, en principio, que las API estuvieran funcionando con números rojos, situación que no sucede actualmente, “ya que dejan beneficios, tienen utilidades y tienen números negros” Por ejemplo, mencionó que los servicios portuarios de Veracruz le dejan al municipio entre 50 y 60 millones de pesos anuales de participaciones directas En segundo lugar, mencionó que hay un criterio jurídico universal que señala que las autoridades sólo pueden hacer lo que expresamente tienen permitido En este caso, señaló que ninguna de las dos cámaras que integran el Congreso de la Unión, “no tienen ninguna atribución que diga semejante insensatez” Además, dijo que previo a esta autorización haber existido el dictamen de una comisión intersecretarial en el cual opinara que era pertinente liquidarlas, disolverlas o fusionarlas, por lo tanto, “es un desatino legal” Remarcó que los puertos federales son un asunto de seguridad nacional, por lo que no pueden quedar en manos de las autoridades estatales y municipales En torno a la acción jurídica implementada por el gobierno alemanista, subrayó, “lo único que denota es una voracidad por el dinero, ya que antes nunca se interesaron por mejorar los puertos” Detalló que la ley que rige a las entidades paraestatales otorga la mayoría al gobierno federal, “entonces como va a tenerla si sólo es dueño del 48 por ciento de las acciones” En tanto, el coordinador general de la Administración Portuaria Integral, el panista Francisco Avila Camberos, dijo que no se puede hablar de daño patrimonial a Veracruz cuando las utilidades generadas se han reinvertido en los puertos; éstos han crecido, son más eficientes y la carga se incrementó en los tres que hay en la entidad 28/01/03