Villahermosa, Tab , 9 de octubre ( apro)- En un hecho inédito en la vida política de Tabasco, el presidente consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT), Martín Rueda de León, admitió que su salario mensual sí rebasa lo estipulado por la Constitución tabasqueña pero que no está “incumpliendo la ley” Incluso, retó a sus detractores a presentar demanda ante los tribunales correspondientes en caso de que esté cometiendo un delito, y si tiene que devolver o pagar por hacer “uso indebido” del presupuesto del IEPCT, lo hará Entrevistado sobre la demanda de juicio político que las fracciones parlamentarias de Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Partido Acción Nacional (PAN) solicitaron en su contra, Rueda de León reconoció que gana más de 56 mil pesos mensuales, más de lo que devenga un magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado (32 mil 326 pesos), salario máximo que deberían percibir los consejeros electorales, incluido su presidente, según lo establece la Constitución Política de Tabasco “Yo no me puse ese salario; cuando llegué aquí, el Departamento de Recursos Humanos me depositó en mi cuenta esa cantidad porque es lo que estaba estipulado para el consejero presidente”, argumentó --Pero rebasa lo que gana un magistrado del poder Judicial, lo cual está prohibido por la Constitución tabasqueña --se le hizo notar “Sí lo rebasa, pero no estoy incumpliendo la ley Ellos son los diputados, deben saber interpretar la ley”, respondió molesto --Pareciera que usted es quien no sabe interpretar la ley, porque sabía que ese no era el sueldo que ganaría y no hizo nada para modificarlo --replicó un reportero “Lo sé, pero no estoy cometiendo ningún ilícito”, insistió, y demandó no discutir más el tema porque, afirmó, hay clara intención de utilizarlo “para meterle más ruido al proceso electoral” “Es una información sesgada, pero si se trata de un delito, que lo presenten ante los tribunales correspondientes y si tengo que devolver o pagar, por hacer uso indebido del presupuesto del IEPCT, lo haré”, indicó En la sesión del martes, diputados de PRD y PAN demandaron instaurar juicio político contra Rueda de León por sus “sistemáticas violaciones” a la Constitución política local, la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos y el Código de Instituciones y de Procedimientos Electorales de Tabasco (Coipet), Según el diputado perredista Pablo Rodríguez Bonfil –quien solicitó el juicio político en tribuna--, Rueda de León ha incurrido en “graves violaciones” a la ley, entre ellas, autoasignarse un salario superior al de un magistrado, así como “malos manejos” del presupuesto del IEPCT y destitución del director de Organización y de Capacitación Electoral, Juan Correa López, sin tener facultades para ello Sobre este último caso, Correa López anunció que este viernes presentará queja laboral contra el IEPCT por su “arbitraria” destitución, y demanda de juicio político contra los tres consejeros que “ilegalmente” avalaron que fuera sustituido por Fiacro Antonio Cortázar Calacich Los tres consejeros son Martín Rueda de León, Roxana Aranda y Javier Minaya quienes, acusó Correa López, “avalaron otra ilegalidad después de mi destitución, y ejemplo de ello es que cuatro consejeros se abstuvieron” Por otro lado, el exconsejero electoral y abanderado del PAN a diputado local, Joaquín Díaz Esnaurrízar, alertó que en su sesión de mañana, el Tribunal Electoral de Tabasco (TET) le cancelará su candidatura por supuestas irregularidades en su registro “Será un acto más de servilismo hacia el gobierno estatal y al Partido Revolucionario Institucional (PRI), por la aceptación ciudadana que tenemos, pero acudiremos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde seguramente nos darán la razón”, manifestó La semana pasada, el TET anuló 35 candidaturas a regidores del PAN en 13 de los 17 municipios de Tabasco, en lo que el blanquiazul consideró una “grotesca chicanada jurídica” El exconsejero Díaz Esnaurrízar fue el único que no avaló la entrega de la constancia de mayoría de votos a favor del candidato priista a la gubernatura en 2000, Manuel Andrade Díaz, acción que contribuyó para que el TEPJF anulara por primera vez en la historia del país una elección para gobernador, por fraudulenta