* Provocará una crisis en la impartición de justicia estatal Cancún, Q Roo, 10 de noviembre (apro)- Presentada como “la corona de la reforma del Estado”, la del Poder Judicial local, promovida por el gobernador Joaquín Hendricks, quedó convertida en un “entuerto legal que provocará una crisis en la impartición de justicia de Quintana Roo”, advirtió la diputada local perredista, María Eugenia Córdoba Y es que, luego de que el Tribunal Superior de Justicia del estado presentó una controversia constitucional para inconformarse con las reformas promovidas por el gobernador Hendricks, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la suspensión de la aplicación de las nuevas disposiciones, pero no eliminó las que se empezaron a poner en marcha De este modo, el número de magistrados fue ampliado con las propuestas del gobernador, en una sesión fast track, pues asumieron el cargo antes de la suspensión determinada por la SCJN Pero la nueva ley hace referencia a los miembros del Consejo de la Judicatura, cuyos miembros no pudieron tomar posesión ante la suspensión de los actos reclamados Cuando se anunció la aprobación en el Congreso de las reformas propuestas por el Ejecutivo, el mismo gobernador anunció la conclusión de la reforma del Estado, donde “la del Poder Judicial es la corona” “Es a todas luces una irresponsabilidad del gobernador haber presionado a la aplicación de sus modificaciones a la ley, aun cuando el TSJ y los diputados de PRD y Convergencia le advertimos que era inconstitucional que él se arrogara el derecho de proponer y designar a los nuevos magistrados del Poder Judicial”, explicó la legisladora Con la suspensión de las reformas judiciales, la ley no corresponde a la realidad, pues el Consejo de la Judicatura, de reciente creación, no alcanzó a tomar protesta, de manera que la ampliación y división de nuevos juzgados, asignación de presupuestos y otras tareas administrativas, no se podrán llevar a cabo hasta que se resuelva la controversia constitucional De acuerdo con la entrevistada, la litis en la SCJN podría llevarse de dos meses a dos años, “porque no hay plazos para ello, y además están involucrados muchos actores y organismos que deberán presentar sus alegatos, entre ellos el Congreso local, el Poder Ejecutivo, el procurador general de la República en su calidad de abogado de la Nación, y desde luego el Tribunal Superior de Justicia No obstante, Córdoba consideró “sano” que se presente este escenario de confrontación de posturas entre dos poderes en el estado, “porque es síntoma de nuevos tiempos donde se hace uso del derecho, por encima de los caprichos y disposiciones de un gobernante” La legisladora advirtió que en los próximos días se agudizará la crisis en el Poder Judicial por la incompatibilidad de las nuevas leyes y los cambios parciales que se aplicaron antes de la suspensión ordenada por la Corte Además, dijo que en el caso de que la SCJN determine ilegal la reforma del gobernador Hendricks, los asuntos que vean los nuevos jueces corren el riesgo de ser declarados nulos, “sin contar con las responsabilidades penales que se puedan derivar de actos inconstitucionales en este proceso de reformas que se analiza”