* Niega haber cometido despojo y abuso de autoridad México, D F, 28 de noviembre (apro)- Gerardo Buganza Salmerón, senador de la República y aspirante del PAN a la gubernatura de Veracruz, rechazó estar implicado en los delitos abuso de autoridad y despojo, tal y como concluyó la Procuraduría de Justicia de esa entidad, y atribuyó “la ola de señalamientos” en su contra a la amenaza que representan él y su partido en las elecciones estatales del 2004 “Me quieren parar, es evidente que yo le he abierto un agujero muy grande al PRI en Veracruz; llevo tres años de campaña y con mi trabajo he puesto en evidencia las carencias del estado y el mal gobierno de Miguel Alemán”, dijo Con base en datos de sus propias encuestas, Buganza afirmó que en el 2004 el PRI enfrentará el riesgo más fuerte de su historia, pues ese partido puede ser derrotado en Veracruz “Yo creo que gano solo, pero si logramos una alianza con Convergencia por la Democracia, Miguel Alemán debe ir pensando cómo va a entregar el gobierno” Entrevistado en el piso 12 de la torre de El Caballito, Buganza Salmerón sostuvo que nunca incurrió en los delitos que se le imputaron, pues en esa investigación hay más mentiras que verdades, las cuales –afirmó-- “se han utilizado para descalificarme política y personalmente” Según la averiguación previa 89E/2002-09-17, Buganza incurrió en los presuntos delitos a mediados de los noventa, cuando el actual senador se desempeñaba como síndico del ayuntamiento de Córdoba, Veracruz, su tierra natal De acuerdo con la indagatoria, Buganza habría pretendido “sacar ventaja” del pleito que desde 1993 –cuando no era autoridad municipal–sostenían las empresas Prova, Kormorán y el ayuntamiento de Córdoba, por la posesión del predio “Agustín Millán”, en el que se iba a construir un mercado para combatir el ambulantaje Pero tiempo después, Salvador López López, representante de la empresa Kormorán, sostuvo, al rendir testimonio, que se entrevistó con Gerardo Buganza, entonces síndico municipal, y que se habló del proyecto del mercado, y coincidieron en que para llevarse a cabo dependía que los usuarios de la terminal de autobuses de Córdoba, colindante con el terreno en cuestión, acudieran por la cercanía al mercado por construir, y se convirtieran en clientes, por lo que el ingeniero Buganza –sigue López López-- ofreció venderles el espacio de terreno que en ese momento se ocupaba como calle, pero que según él era propiedad del ayuntamiento, por lo que él (Buganza) podía disponer del mismo, integrándolo al proyecto del mercado Añadió López López que en ese momento les manifestó que el precio del terreno era de 225 mil pesos, por lo que debían entregar 30por ciento de inmediato al tesorero municipal, Armando Croda de la Vequia, es decir, 80 mil nuevos pesos, pero no les otorgaron recibo oficial Buganza Salmerón rechazó haber hecho ese convenio con López López, y explicó que el representante de Kormorán lo fue a ver para solicitarle una prórroga, a fin de que el ayuntamiento de Córdoba no interpusiera ningún recurso legal para recuperar el terreno, dado el retraso en la construcción del mercado Negó, además, que le haya pedido 80 mil pesos a cambio de la venta de una calle cercana al terreno, pero aceptó que ese dinero sí se le pidió a López López, pero como cooperación para obra pública, por cuya suma –dijo el senador– se le otorgó un recibo oficial de ingresos de la Tesorería, el cual tiene el folio 8090 Según Buganza, de esta y otras mentiras está plagado el expediente; además, existe la complicidad de diversos funcionarios, entre ellos el procurador Pericles Namorado y Noemí Quirasco –exsecretaria general de Gobierno–, “de acelerar esta averiguación para causarme desprestigio, pues saben que llevo la delantera en las preferencias electorales en el estado” Señaló que el aparato de gobierno ha tratado este caso con mucha atención y le ha puesto todo el empeño y rapidez en las gestiones, “a fin de perjudicarme” Por ejemplo, el 7 de noviembre del 2001, la Agencia del Ministerio Público de Córdoba inició la averiguación 1369/2001 El 4 de enero del 2002, Salvador López López presentó un escrito a la Secretaría General de Gobierno exponiéndole el asunto El 19 de febrero, el procurador recibió el oficio de la Secretaría de Gobierno, en el que le solicitó que el asunto se atienda El 25 de febrero, el subprocurador de la Zona Centro, Gerardo Mantecón Rojo, recibió oficio de Juan Antonio Rey Bernal, secretario particular del procurador, en el que le solicitó información sobre la averiguación El 18 de marzo, el subprocurador pidió al agente del MP, Mario Reyes Cruz, un informe de la averiguación El 28 de abril, la averiguación fue remitida a la subprocuraduría A principios de mayo enviaron la averiguación a Jalapa El 33 de mayo del 2002, el procurador acordó remitir la averiguación inicial a la Dirección General de Averiguaciones Previas, y se registró bajo el número 89E/2002 Ese mismo día, Salvador López compareció voluntariamente a las 19:30 –el horario de labores de la PGJE es hasta las 18:00 horas– sólo para hacer imputaciones en contra de Buganza, en una declaración de una cuartilla El 2 de julio, Lopez López presentó documentos y, ese mismo día, la Procuraduría acordó remitir oficios a la Comisión Nacional Bancaria El 23 de septiembre de 2002, la PGJE determinó ejercitar acción penal contra el alcalde y el síndico, y el 24 de ese mismo mes Pericles Namorado pidió el desafuero del presidente municipal Después de analizar lo que llama “la maquinación”, Buganza lanzó una pregunta: “¿quién está detrás de todo esto?” --¿Quién? –se le inquirió Y respondió: “El gobierno”