Jalapa, Ver , 17 de diciembre (apro)- De los 210 ayuntamientos, sólo 24 cumplieron razonablemente con los fundamentos legales en sus leyes de ingresos correspondientes a la Cuenta Pública 2002, ya que no fueron objeto de ninguna observación que implique daño a la hacienda pública municipal, por lo que el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) sugirió al Congreso local “se les haga un reconocimiento”, a fin de fomentar la cultura de transparencia De acuerdo con el dictamen de la Comisión de Vigilancia, que será turnado este jueves al pleno legislativo, el reconocimiento lo recibirán las autoridades de los ayuntamientos de Apazapan, Banderilla, Boca del Río, Coahuitlán, Coatzacoalcos, Coetzala, Comapa, Córdoba, Chacaltianguis, Chonta, Emiliano Zapata, Maltrata, Mixtla de Altamirano, Naranjal, Nautla, Paso del Macho, Poza Rica, Río Blanco, San Andrés Tuxtla, Sochiapa, Tecolutla, Tenochtitlán, Tlacolulan y Tuxtilla Según el resultado de las auditorías, un total de 35 ayuntamientos cumplieron razonablemente con las leyes y normas, sin embargo, fueron objeto de recomendaciones en el manejo de sus finanzas, ya que incurrieron en “inconsistencias administrativas” que no trascienden en daño patrimonial, por lo que se recomendó aprobar la cuenta 2002, entre los que están: Catemaco, Filomeno Mata, Jáltipan, Tantoyuca, Atoyac, Tezonapa, Xico y Zentla, entre otros Sin embargo, como resultado de las auditorías, la situación fue diferente para 150 ayuntamientos veracruzanos, ya que además de recomendaciones y observaciones, “tienen otras irregularidades cuantificables” que, en su caso, “pueden representar daño patrimonial”, por lo que, de no solventarlas, se podría iniciar en su contra un proceso de carácter jurídico En esta larga lista están los municipios de Acatlán, Acayucan, Actopan, Agua Dulce, Alto Lucero, Altotonga, Alvarado, Amatlán de los Reyes, Ángel R Cabada, La Antigua, Ayahualulco, Benito Juárez, Carlos A Carrillo, Colipa, Cosamaloapan, Cosoleacaque, Coyutla, Chicontepec, Las Choapas, Fortín, Gutiérrez Zamora, El Higo, Ixhuatlán de Madero, Jalacingo, Martínez de la Torre, Minatitlán, Misantla, Papantla, Perote, Santiago Tuxtla, Tierra Blanca, Tlacojalpan, Tuxpan, Uxpanapa, Veracruz, Jalapa y Zongolica, entre otros Al respecto, la comisión acordó que, en el caso de estos ayuntamientos, primero deberán acudir al ORFIS en el término improrrogable de diez días hábiles, a fin de presentar documentación y las justificaciones que solventen los faltantes En el caso de Orizaba --en que “se ordenó el inicio del procedimiento para la determinación de responsabilidades y sanciones”--, los responsables en el manejo de la hacienda comparecieron a la audiencia correspondiente y presentaron elementos de prueba Esta situación permitió al Orfis continuar con el proceso de fiscalización de la cuenta 2001 Es decir, explica que con ello se posibilitó la práctica, por separado, de la revisión de los presupuestos ejercidos por las autoridades municipales de Orizaba, en el 2001 y 2002, por lo que el informe de resultados se presentará hasta que concluya el proceso de revisión Reporte a la ASF Empero, tanto Orizaba como el ayuntamiento de San Juan Evangelista, además de observaciones y recomendaciones, presentan otras irregularidades cuantificables que sí pudieran representar daño patrimonial o presunto desvío de recursos, por al menos 3 millones 567 mil, y 11 millones 326 mil pesos, respectivamente, por lo que se solicitó al Orfis “iniciar el procedimiento de investigación correspondiente”, además de informar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), para que proceda conforme a derecho Por otro lado, se acordó amonestar a las autoridades de Atzalán, Citlaltépetl y Jáltipan, por haber entregado de manera extemporánea la cuenta 2001 En tanto, a las de Ilamatlán, Jalcomulco, Naolinco, Paso de Ovejas y Tlapacoyan, si no corrigen las irregularidades, podrán ser denunciadas judicialmente, es decir, “hacerlo del conocimiento del Ministerio Público”, situación en la que se encontrarían las autoridades de Coatzintla e Ixhuatlán de Madero En relación con la Cuenta 2002 del gobierno estatal, de las 14 dependencias que ocupan niveles de secretaría de despacho, sólo cuatro mostraron un manejo razonable de los recursos, y siete fueron objeto de observaciones, a las que la Comisión de Vigilancia y el Orfis deberán dar seguimiento Por ejemplo, las secretarías de Finanzas y Planeación (Sefiplan), de Comunicaciones (SCE) y la de Desarrollo Regional (Sedere), mostraron un manejo “parcialmente congruente”, además que existen observaciones, recomendaciones y salvedades En el caso de la Sefiplan, se le recomienda continuar con la aplicación del Programa de Regularización Patrimonial, y el de depuración contable, en seguimiento a lo ya observado por el Orfis, en el sentido de llevar a cabo una revisión al plan de actualización y regularización inmobiliaria, y contar con la documentación necesaria para el ejercicio de la función pública; observaciones a las que deberá dar respuesta en un término de diez días hábiles De las 14 dependencias del Ejecutivo, según el dictamen que será presentado hoy en el pleno legislativo --para su debate, análisis y probable aprobación--, sólo podrán aprobarse las cuentas de las secretarias de Desarrollo Económico; Contraloría local, Procuraduría y Oficina del Programa de Gobierno, “ya que muestran un manejo razonable de los recursos públicos” En tanto, las secretarías General de Gobierno, de Seguridad Pública, de Educación y Cultura, de Trabajo y Previsión Social, de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal, Pesca y Alimentación, la de Salud y Asistencia; la Coordinación de Comunicación Social, Sefiplan, SCE y Sedere, en un término de diez días hábiles deberán atender y dar seguimiento a las recomendaciones La cuenta pública del Congreso local no registró ninguna observación, a diferencia del Poder Judicial --integrado por los tribunales Superior de Justicia, de lo Contencioso Administrativo y de Conciliación y Arbitraje--, que fue objeto de una recomendación Sin embargo, el Consejo de la Judicatura recibió 21 recomendaciones, pero debido a la autonomía de este poder, su órgano de control interno “deberá resolverlas y dictar las medidas que correspondan”