México, D F (apro) - La Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos (Afadem), así como la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), demandaron el amparo de la justicia federal para evitar que la Procuraduría Militar (PGJM) continúe conociendo de violaciones a las garantías fundamentales cometidas en el pasado Las organizaciones no gubernamentales interpusieron el pasado viernes una demanda de amparo, frente a la “inconstitucionalidad” del Código de Justicia Militar, del cual emanaron las facultades de la PGJM para hacer citatorios, a principios de febrero, a más de quince familiares de detenidos-desaparecidos a finales de los setenta, en la comunidad de Atoyac de Alvarez, Guerrero Para ambas organizaciones, la intervención del Ejército, en las investigaciones sobre las desapariciones forzadas, va en contra de tratados internacionales de los que México es parte, como la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la cual nuestro país ratificó recientemente Esta señala, en su artículo noveno: “Los presuntos responsables de los hechos constitutivos del delito de desaparición forzada de personas, sólo podrán ser juzgados por las jurisdicciones de derecho común competentes en cada Estado, con exclusión de toda jurisdicción especial, en particular la militar Los hechos constitutivos de la desaparición forzada no podrán considerarse como cometidos en el ejercicio de las funciones militares No se admitirán privilegios, inmunidades ni dispensas especiales en tales procesos, sin perjuicio de las disposiciones que figuran en la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas” Coinciden en señalar que el artículo 13 constitucional prohíbe, categóricamente, extender su jurisdicción a los tribunales militares para que sometan a personas ajenas al Ejército, y ordena que cuando en un delito o falta del orden militar esté implicado un civil, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda Igualmente, precisan que el sistema internacional de protección de los derechos humanos (ONU y OEA), en reiteradas ocasiones se ha pronunciado para que por ningún motivo los tribunales militares conozcan de violaciones a los derechos humanos, ya que la PGJM no es una institución independiente e imparcial para investigar los mismos, pues no cumple con las características de tribunales civiles y se tiene el temor de que los delitos queden impunes Afadem y CMDPDH, en representación de los familiares, “señalamos que únicamente le compete a la Fiscalía Especial para la Atención de Movimientos Sociales o Políticos del Pasado (FEMOSPP), quien ya conoce de las denuncias presentadas, agotar las investigaciones y, llegado el momento, hacer la consignación correspondiente ante la justicia civil, la cual es la encargada para conocer de estas violaciones a los derechos humanos” Advierten que las diligencias de investigación impulsadas por la PGJM, por ningún motivo se pueden acumular a las de la Fiscalía Especial Dicen que es sumamente preocupante que existan dos instituciones de procuración de justicia investigando simultáneamente de los mismos hechos, ya que esto sólo genera la desconfianza de las víctimas Ambas organizaciones, el día de ayer, nuevamente fueron informadas por los familiares que habían sido citados, una vez más, por medio de las autoridades del ayuntamiento, para que comparecieran ante la PGJM a declarar como “coadyuvantes” en los asuntos de desaparición forzada 04/03/03