México, D F (apro)- Con la red vacía de “peces gordos”, Francisco Barrio Terrazas dedicó su último día al frente de la Secodam para ofrecer un informe de actividades, en el que omitió hablar directamente del tema Sólo en breves resúmenes enumeró algunas de las 278 denuncias penales que formuló, derivadas de las auditorías, y justificó que, a cambio, avanzó en lo trascendente, en las transformaciones de fondo, como la ley de transparencia, el ‘gobierno electrónico’ y el servicio civil de carrera “Entendimos siempre la enorme expectativa social por resultados rápidos y contundentes, por meter a la cárcel a quienes usaron los recursos de todos para beneficio de unos cuantos Pero también supimos que la más alta exigencia de la ciudadanía es hacer de México un país de instituciones más confiables”, dijo De las 278 denuncias que presentó en este periodo de 2 años y 3 meses al frente de Secodam, Barrio refirió casos conocidos como el Pemexgate, mediante el cual se destinaron mil 400 millones de pesos al sindicato petrolero –de éstos, 500 millones llegaron al PRI para su campaña presidencial--, y otros que permanecían “en reserva”, como la denuncia contra personal médico de la Unidad de Transplantes Renales del Hospital de La Raza del IMSS, que extorsionaba a pacientes y familiares para realizar transplantes de riñón, así como la venta de medicamento propiedad del instituto Se refirió a dos casos del ISSSTE, uno por violación a la ley de adquisiciones del sector público, al entregar anticipos de manera indebida en la adquisición de equipo e instrumental médico que no ser recibió, con un daño estimado de 121 millones de pesos y, otro, es un fraude en el Sistema Integral de Tiendas y Farmacias de dicha institución, por un monto de 130 millones, simulando descuentos y bonificaciones en la venta de vales de despensa El contralor Barrio aceptó que “en muchos espacios del gobierno federal existen redes y estructuras de la corrupción profundamente arraigadas” Carente de las herramientas jurídicas indispensables para el combate a la impunidad, Barrio se lamentó de lo que llamó “una deficiencia de nuestro marco jurídico”, y es el hecho de que todas las denuncias por casos de corrupción “se clasifican como no graves” “Todos los delitos que han sido materia de estas denuncias se clasifican como no graves, lo que permite que los presuntos responsables disfruten de libertad bajo fianza a lo largo del proceso, independientemente de que se les hayan librado órdenes de aprehensión y autos de formal prisión”, dijo ante colaboradores y representantes de los medios, en un acto que se celebró hoy lunes, en la sede de Secodam, al sur de esta capital Añadió: “Esto deja en la población la percepción de que no se actúa en contra de los servidores públicos corruptos, contribuyendo al escepticismo y el desaliento de los ciudadanos en lo que se refiere al combate a la corrupción” El exgobernador de Chihuahua dijo que al plantear a la Cámara de Diputados el paquete de reformas a la Ley de Responsabilidades, en el 2001, se proponía también que se modificara el código respectivo, pasando a considerar estos delitos como faltas graves, sin derecho a fianza durante el proceso penal Sin embargo, en la Cámara de Diputados no se consideró procedente aprobar esta reforma, “por lo que seguimos en esta frustrante situación en la que un servidor público responsable de actos de corrupción puede permanecer libre durante varios años, mientras concluyen todas las instancias del proceso judicial” Barrio destacó que el programa contra la corrupción que se puso en marcha durante este gobierno es integral, ya que involucra a toda la administración pública, para ello recordó que se creó la Comisión Intersecretarial de Combate a la Corrupción, la cual identificó “2 mil áreas críticas”, y puso en marcha 2 mil 659 acciones para mejorar la gestión pública Aparte de la promulgación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental, dijo que se adelantaron a ésta, al dar a conocer, en los sitios electrónicos de las dependencias, la información propia Presentaron denuncias penales contra 278 servidores públicos y particulares, y en la vía administrativa se impusieron más de 13 mil sanciones Se atendieron peticiones, quejas y denuncias de más de 407 mil ciudadanos, muchas de las cuales contenían información que sirvió para actuar contra funcionarios o para corregir conductas ilícitas Se resolvieron 5 mil 200 inconformidades de proveedores y contratistas del gobierno federal, y participaron en operativos donde se decomisaron 230 toneladas de discos pirata y 107 tractocamiones ilegales Así mismo, desmantelaron una red de traficantes de placas y una banda de falsificadores de boletos y facturas 31/03/03