México, D F (apro)- El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) solicitó al jefe de Gobierno del Distrito Federal (GDF), Andrés Manuel López Obrador, modificar el contenido de las reformas al Tribunal Superior de Justicia, recientemente aprobadas por los legisladores capitalinos El 1 de abril pasado, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, aprobó una serie de reformas a la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, cuyas consecuencias, a juicio del Prodh, pueden ser de sumo graves para la administración de justicia capitalina, en virtud de las implicaciones que conllevan Para el organismo no gubernamental, dos son las reformas que mayor preocupación causan: La primera es la relacionada con modificaciones que en la práctica equivalen a limitar las funciones del Consejo de la Judicatura y sujetar su actuar y sus decisiones al pleno del Tribunal Superior de Justicia, restándole independencia y eficacia a la labor y funcionamiento del primero Como segundo punto, destaca su preocupación por los términos en los cuales la propuesta pretende sustentar la pensión vitalicia de jueces y magistrados Según el Prodh, las reformas aprobadas establecen la facultad del pleno del Tribunal Superior de Justicia para revisar, modificar y, en su caso, revocar los acuerdos que el Consejo de la Judicatura apruebe, siempre y cuando se refieran a la designación, adscripción, remoción de magistrados o jueces u opinión para la designación de ratificación de magistrados y para validar o rechazar las determinaciones que dicte el Consejo de la Judicatura De igual manera, la reforma establece que las decisiones del Consejo referentes a la designación, adscripción y opinión sobre propuestas de ratificación, así como las de remoción de magistrados y jueces, podrán ser revisadas por el pleno del Tribunal Superior de Justicia, e incluso el mismo podrá también revisar y revocar los acuerdos que el Consejo apruebe El Prodh precisa que con estas reformas se trastoca el fin principal para el cual fue conformado un Consejo de la Judicatura, que era el separar las labores administrativas del Poder Judicial (en el caso del Distrito Federal, órgano de administración de justicia) de la función propia de juzgar Más aún, dejaba en manos del Consejo de la Judicatura todo lo referente a la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, con el objetivo de que los jueces y magistrados prestaran toda su atención y exclusividad a la vital función de juzgar, pero sujetos a la vigilancia y el escrutinio de este nuevo órgano, que también tiene como objetivo el lograr una participación ciudadana en el ámbito judicial, al determinarse una conformación mixta entre miembros del Poder Judicial y personas ajenas a éste, con el fin de realizar una especie de evaluación del trabajo de los juzgadores y, particularmente, de analizar los casos en que éstos puedan haber incurrido en responsabilidad administrativa Al aprobarse la reforma en los términos mencionados, advierte el Prodh, se está dando un paso atrás en el lento proceso de ir construyendo un Poder Judicial eficiente e independiente11/04/03