Se suma a la condena de cuba la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

sábado, 19 de abril de 2003
Miguel Cabildo/apro México, D F, (apro)- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) luego de expresar su condena por la ejecución de tres ciudadanos cubanos, advirtió que el Estado cubano está obligado internacionalmente a respetar y garantizar los derechos emanados de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre El pasado 11 de abril, en horas de la madrugada, el gobierno cubano ordenó las ejecuciones de Lorenzo Enrique Copello Castillo, Bárbaro Leodán Sevilla García y Jorge Luis Martínez Isaac a quienes acusó y condenó como los principales responsables del secuestro de una lancha de la bahía de La Habana, en la que tomaron como rehenes a los pasajeros Las personas ejecutadas habrían sido juzgadas por la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Popular de Ciudad de La Habana El Tribunal aplicó el procedimiento de juicio sumarísimo previsto en los artículos 479 y 480 de la Ley de Procedimiento Penal El proceso se inició el 5 de abril y concluyó el 8 El tribunal condenó a las tres personas por los delitos de terrorismo previstos en la Ley 93 contra Actos de Terrorismo, del 24 de diciembre del 2001 Los tres condenados habrían apelado ante el Tribunal Supremo Popular Según la información oficial, el Tribunal Supremo habría celebrado un nuevo juicio en el que la sentencia fue ratificada Sometidas de oficio las sentencias de máxima pena a la consideración del Consejo de Estado, este consideró "absolutamente justas y con estricto apego a las leyes las decisiones de los tribunales" El Consejo, según la nota oficial, analizó la gravedad de los hechos y los peligros potenciales que implicaban los condenados, tanto para la vida de personas inocentes como para la seguridad del país En su reciente informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos, la CIDH señaló que la imposición de la pena de muerte solamente es válida si surge de una decisión definitiva a cargo de un tribunal competente y de acuerdo con una ley que establezca ese castigo y que haya sido promulgada con anterioridad a la comisión del delito Según la CIDH, la imposición de dicha pena está sujeta a requisitos procesales estrictos y a un riguroso control de las garantías judiciales mínimas de carácter fundamental Estos requisitos incluyen, entre otros, la presunción de inocencia, el derecho a no ser condenado por un delito excepto con base en la responsabilidad penal individual y el derecho a ser juzgado por un tribunal competente, independiente e imparcial, conforme a las normas internacionales aplicables y establecido previamente por la ley También incluyen, entre otras, las siguientes garantías procesales a los acusados de delitos que conllevan la pena capital: el derecho a la notificación detallada y previa de los cargos que se le imputan; el derecho a disponer de tiempo y medios suficientes para preparar su defensa; el derecho a interrogar a los testigos que se presenten en su contra; el derecho a obtener la comparecencia e interrogar a los testigos en su nombre en las mismas condiciones que los testigos de cargo; el derecho al asesoramiento, tras la convicción, acerca de los recursos judiciales o de otra índole y de los plazos para su interposición, incluido el derecho a la apelación ante un tribunal superior A criterio de la CIDH, el carácter sumario que siguió el juicio en contra de las personas y que concluyó con la imposición de la pena de muerte, no garantiza ninguna de las mencionadas del debido proceso Por lo tanto, su ejecución se convierte en una privación arbitraria de la vida La CIDH, como órgano principal de la Organización de los Estados Americanos (OEA), tiene el mandato de promover y proteger la observancia de los derechos humanos en el Hemisferio y cuyas atribuciones se derivan entre otros de la Carta de la OEA La Resolución VI de la Octava Reunión de Consulta de 1959 excluyó al gobierno de Cuba, no al Estado, de su participación en la OEA Por consiguiente, la Comisión continúa fiscalizando la vigencia de los derechos humanos en la isla Por lo que advierte que el Estado cubano está obligado internacionalmente a respetar y garantizar los derechos emanados de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre18/04/03

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