México, D F- La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados propuso un acuerdo con la Junta de Gobierno del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), con el fin de designar a nuevos despachos que se encarguen de realizar las auditorías a las instituciones bancarias en relación con las irregularidades en la compra de cartera vencida y así poder detectar o confirmar irregularidades Así lo informó el vicecoordinador de dicha comisión, Jorge Carlos Ramírez Marín, quien sostuvo que hay voluntad por parte de los principales bancos del país participantes del Programa de les audite y detectar las cantidades de créditos ilegales que forman parte del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) De acuerdo con el legislador, se requiere la intervención de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en su calidad de miembro de la Junta de Gobierno del IPAB, para que se apruebe la celebración del arreglo con las instituciones bancarias a más tardar el 15 de agosto El convenio es la única forma de evitar al país un “nuevo colapso bancario” como el que los sacudió en 1994, advirtió Ramírez Marín, quien consideró que “si hacemos las auditorías tal y como lo dice el punto de acuerdo, sin excluir ninguna fase de la contabilidad de los bancos” se logrará identificar “nombre por nombre, quiénes son los deudores a los que el gobierno absorbió” En ese sentido, indicó que la coordinación a la que pertenece deberá analizar la posibilidad de presentar ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un punto de acuerdo para que la SHCP someta al IPAB a realizar un convenio de negociación final con BBVA-BANCOMER, BANAMEX, BITAL y BANORTE Según Ramírez Marín, en esta ocasión, la Auditoría Superior de la Federación vigilará los procesos de revisión y contará con facultades de veto sobre aquellos despachos que no cubran con los requisitos establecidos Además, aclaró, se evitará también la participación de contadores y abogados que estén a cargo de servidores públicos o legisladores, o de aquellos que en algún momento fungieron como funcionarios bancarios “Consideramos que el trabajo de ese instituto (IPAB) no ha sido muy limpio que digamos y particularmente no ha dado los resultados esperados”, remarcó y agregó que incluso, los bancos “tampoco confían en el IPAB, pero terminaron por no correr el riesgo de llegar a 2005 con la imposibilidad de poder cobrar sus pagarés, pues así como podrían seguir amparados, el gobierno federal podría responderles por la vía judicial” Finalmente, reiteró la necesidad de una nueva serie de auditorías toda vez que “a estas alturas nadie sabe cuántos créditos son ilegales, cuáles deberán recibir una acción ‘resarcitoria’ o ejercer en su contra alguna acción penal, por ser producto de un fraude maquinado o un simple error administrativo” 06/05/03