México, D F (apro)- Las secretarías de Gobernación y de la Defensa Nacional, así como la Procuraduría General de la República y Petróleos Mexicanos, son cuatro de las dependencias del gobierno de Vicente Fox que más obstáculos imponen al derecho a la información de los ciudadanos, según la organización civil Libertad de Información-México (Limac) De acuerdo con el monitoreo efectuado por la organización no gubernamental sobre la implementación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG), en vigencia desde el 12 de junio, la quinta institución más deficiente es la Cámara de Diputados, porque ni siquiera cuenta con la Unidad de Enlace a que obliga ese ordenamiento El presidente de Limac, Ernesto Villanueva, explicó que estas cinco instituciones y dependencias forman parte del “cuadro del deshonor” por imponer diversos obstáculos al derecho de los mexicanos a saber, que garantiza esa ley, entre ellos “trato hostil” y aun “interrogatorios” a los solicitantes, como el caso de la PGR En conferencia de prensa para presentar los resultados del primer monitoreo sobre la implementación de la ley, Villanueva destacó también que, en cambio, existen otras instituciones y dependencias que sí han asumido un compromiso de transparencia ante la sociedad En primer lugar, dijo, la Secretaría de Economía, seguida de la Cámara de Senadores, la Procuraduría Federal del Consumidor, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Comisión Federal de Electricidad, que no sólo pusieron a disposición de los solicitantes la infraestructura para hacer valer su derecho, sino personal para su orientación Villanueva, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, explicó que esta evaluación de Limac parte del hecho de que el uso de la nueva ley forma parte de un proceso gradual en su cumplimiento y que los resultados son útiles para identificar las resistencias que existen en las instituciones que están obligadas a proporcionar información Limac, añadió, mantiene su voluntad de “acompañamiento con responsabilidad” con las diversas instituciones del gobierno federal, el Congreso, el Poder Judicial, los organismos constitucionales autónomos y los otros sujetos obligados, así como de apoyo a la sociedad civil, para que la ley sea cada vez más usada por la sociedad El monitoreo efectuado por Limac, durante los primeros cinco días de vigencia de la ley, partió de una muestra aleatoria de 32 unidades de enlace de igual número de entidades de la Administración Pública Federal y de los otros sujetos obligados para verificar la importancia que le dan a las personas en la primera ventanilla a la que los interesados acuden, las unidades de enlace Tres investigadores adscritos a Limac verificaron la ubicación de las unidades de enlace, orientación del personal, acceso al equipo de cómputo, entrega de solicitud, entre otros factores, y en cinco se concluyó que era un desorden El caso extremo fue en la PGR, donde no sólo se exigió identificación al solicitante para ingresar a la Unidad de Enlace, cuando la ley no lo exige, sino que se mostró una actitud hostil del personal, según documentó Limac: “Al solicitante se le aplicó un ‘interrogatorio’ personal en una de las oficinas no habilitadas como Unidad de Enlace para saber su nombre y (se le exigió) una explicación de lo que solicitaría Al final, el servidor público que aplicó el interrogatorio le indicó que leyera la ley y que regresara otro día con una solicitud hecha a máquina y que no estaba seguro que le pudieran proporcionar la información que pidió” Los responsables del monitoreo de Limac, Issa Luna Pla, secretaria ejecutiva, y Jacinto Munguía, coordinador de Investigaciones, explicaron que otras deficiencias y obstáculo que se identificaron en las unidades de enlace revisadas fueron la abulia de servidores públicos, falta de constancia de solicitud, y criterios diversos de costos y pagos “En suma, como balance general de las categorías de análisis desarrolladas en este monitoreo se observa un cumplimiento heterogéneo entre las entidades y dependencias de la Administración Pública Federal y los sujetos obligados por mandato” de la ley, explicó Villanueva, quien dijo que éstas afrontarán la “sanción social” y, de modificar su actitud, el reconocimiento 01/07/03