Guanajuato, Gto , 24 de julio (apro)- Por iniciativa de la mayoría panista, que había ofrecido aprobar un paquete de leyes “anticorrupción”, fue aceptada por el Congreso local la nueva disposición que controla los recursos públicos del estado de Guanajuato, con la que, según el coordinador panista, Domingo Méndez Mata, quedan legalizados y regularizados los bonos de productividad y término que discrecionalmente se entregan a los funcionarios de los tres poderes y a los municipios Aún con la oposición de varios ayuntamientos, entre ellos de extracción panista, los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) empujaron esta propuesta, que para los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), según su coordinador, Francisco Arroyo Vieyra, representa más bien “una retacería de leyes, instrumentos jurídicos que ya están consignados en otras leyes, nada nuevo, no es la gran maravilla” La ley surgió de una iniciativa presentada por el PAN en mayo de 2001, anunciada entonces por el dirigente estatal de ese partido, Gerardo de los Cobos Silva, como “Ley de manos limpias” En esa época abundaron las críticas a varios de los acaldes de extracción blanquiazul por los elevados sueldos y compensaciones que se autorizaron en el trienio que está por concluir, entre ellos el de Valle de Santiago, Rogaciano Pérez, cuyo ingreso es cercano al del gobernador, Juan Carlos Romero Hicks De acuerdo al contenido de la ley, quedará prohibida la entrega de compensaciones por conclusión de mandato o gestión de los servidores públicos, pero a cambio de esto se prevé la creación de fondos de retiro para que dichos funcionarios de elección popular y empleados de confianza que lo deseen, aporten y reciban un monto económico, en virtud de que carecen de seguridad social El coordinador de la mayoría panista, Domingo Méndez Mata, expresó que a semejanza de cualquier empresa, el estado debe estimular e incentivar a sus empleados “No (se trata de) un bono, sino de estímulos a la productividad, como lo tiene cualquier empresa Yo considero en lo particular que es necesario que, cualquier empresa, cualquier órgano de gobierno, estimule a sus empleados”, expresó --Pero el estado no es una empresa “A lo mejor no lo ven ustedes como una empresa, pero se puede definir como una empresa, tiene empleados Toda estructura donde hay empleados es una empresa, que emprende algo, yo ahí no voy a entrar en litis de que si el gobierno no puede ser empresa, pero que funciona igual que una empresa pues a mí de eso no me cabe la menor duda” En materia salarial, la ley prevé la conformación de un comité que se encargaría de elaborar los estudios respectivos para homologar y establecer los incrementos anuales para los trabajadores de los tres poderes del estado y emitir las recomendaciones, sólo en este sentido, a los ayuntamientos, quienes finalmente podrán o no aceptarlas Y todo parece indicar que en este paquete anticorrupción los panistas dejarán pendiente la eliminación del veto a la Ley de responsabilidad de los servidores públicos del estado y los municipios que fue frenada por el exgobernador Vicente Fox en 1997, en virtud de que establecía la prohibición expresa para los funcionarios de realizar acciones proselitistas a favor de algún partido o candidato durante el desempeño de sus cargos Esto fue considerado entonces por Fox como un mensaje directo de los prisitas quienes pretendían impedir su precampaña a la Presidencia de la República, por lo que rechazó su promulgación y la dejó en la congeladora