Aprueban nueva ley de tránsito y transporte para Veracruz

viernes, 1 de agosto de 2003
*PAN y PRD califican la iniciativa de “autoritaria”; viola derechos ciudadanos, alegan Jalapa, Ver , 31 de julio (apro)- La mayoría priista y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) aprobaron la Ley de Transito y Transporte de Veracruz, presentada por el gobernador Miguel Alemán Velasco, mediante la cual se regula el tránsito de personas, vehículos, semovientes y bienes muebles por las vías públicas, sin embargo, la iniciativa no sólo fue rechazada por el PAN, PRD y PT, sino calificada de “autoritaria” , por considerar que afectará tanto a concesionarios como a los usuarios del transporte público La iniciativa alemanista fue cuestionada por los concesionarios del servicio urbano y de taxi, puesto que se imponen diversas normas para que puedan continuar operando en la entidad, entre otras, la obligación de adquirir nuevas unidades para el transporte público Además, muchos trabajadores del volante no están de acuerdo en que el precio de concesión de placas se eleve hasta en 50 mil pesos El cierre del actual periodo de sesiones se caracterizó por los desacuerdos entre las diversas fracciones parlamentarias, pero también con manifestaciones de protesta de pobladores de Alto Lucero que arribaron al recinto para exigir juicio político contra la alcaldesa Trinidad López, y de la Asociación de Centros de Verificación Vehicular, que se oponen al cobro de 100 mil pesos por concesión, por lo que el Palacio Legislativo fue rodeado por elementos de Seguridad Pública Con un retraso de casi hora y media, la discusión se centró en la iniciativa de Ley de Transito y Transporte, cuyo dictamen no alcanzó el consenso entre las diversas bancadas, a pesar que de última hora la mayoría priista intentó convencer a la oposición introduciendo algunas modificaciones, las cuales fueron calificadas de insuficientes por panistas y perredistas De entrada, fue cuestionado el hecho de que a través de dicha ley se pretenda regular el tránsito de las personas que, “en calidad de peatones transiten por la vía pública”, y estarán obligadas a cumplir las disposiciones, acatar las indicaciones de los dispositivos de control del tránsito y los señalamientos que hagan al respecto los elementos operativos cuando dirijan el paso La secretaría de la Comisión de Vigilancia, la perredista Yazmín Copete Zapot, cuestionó que mientras las iniciativas presentadas en esta materia tanto por el PAN como por el PRD, “estuvieron congeladas más de un año”, la que presentó hace menos de 15 días el gobernador Alemán Velasco, “la mayoría priista la esté aprobando de facto” Además del procedimiento legislativo, la perredista cuestionó los errores de contenido, como el hecho de pretender regular “el tránsito de personas, vehículos, semovientes y bienes muebles” El asunto esta, precisó, “que los bienes muebles no transitan, lo cual resulta absurdo”, y el derecho constitucional de libre tránsito es potestad exclusiva de las personas, “mientras que la movilidad de los animales de otras especies no está sujeta a las leyes, excepto en su modalidad de transportación por parte de los hombres” De igual manera, el panista Julem Rementería tras criticar la premura en que se desarrolló el procedimiento legislativo, calificó esta ley de “autoritaria”, porque no sólo no fue consensuada entre los diversos grupos, sino que tampoco se consultó a usuarios y prestadores del servicio, además que afectará a millones de veracruzanos “Hay que tener cuidado con esta ley –subrayó--, porque va a pegar en los bolsillos de todos los veracruzanos que utilicen el transporte público” Ante ello, se sumó a la propuesta de la perredista en el sentido de regresar el dictamen a comisiones para analizarlo más a fondo y llevarlo, incluso, a una consulta popular para alcanzar un verdadero consenso, “porque pareciera que aquí solo se quiere cumplir el capricho de alguien” La petista Claudia Serapio, afirmó que con esta ley “se vuelve a cambiar todo, para que todo quede igual”, pues las concesiones seguirán siendo facultad discrecional del Ejecutivo estatal, sin que la ciudadanía pueda ejercer forma alguna de supervisión y menos de control, tampoco contiene elementos consistentes para desmantelar “el mercado negro de renta y venta de concesiones”, que en el caso de los taxis, alcanzaron cifras estratosféricas de 300 mil o más pesos”

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