Tlaxcala, Tlax , 2 de septiembre (apro)- Para evitar que el gobierno estatal continúe derrochando recursos por medio de organismos no gubernamentales que, en la mayoría de los casos, tienen propósitos políticos y clientelares, el Congreso local, de mayoría priista, aprobó la ley que regula el financiamiento de las organizaciones no gubernamentales (ONG) “Con el ordenamiento se busca transparentar el manejo que los organismos dan a los recursos públicos”, explicó el presidente de la Gran Comisión de la 57 Legislatura local, Melquiades Pérez González, en la sesión en que la bancada perredista se dividió, pues de los once diputados que la integran sólo cuatro votaron en contra El diputado Melquiades Pérez, también del Partido de la Revolución Democrática (PRD), destacó que en los últimos tres años el gobernador Alfonso Sánchez Anaya ha erogado 98 millones de pesos, a través de 102 mil apoyos que dependencias del Ejecutivo local han otorgado a organizaciones no gubernamentales “El hecho es que no se conoce la forma en que fueron aplicados esos apoyos, ni si en verdad se utilizaron con fines sociales”, agregó El Congreso local determinó legislar al respecto porque detectó que durante esta administración se ha acrecentado de manera considerable el número de ONG que reciben subsidio oficial, las cuales se habrían convertido en negocios familiares que sólo operan en tiempos electorales La ley que regula el financiamiento de ONG fue aprobada en lo general y particular por mayoría de votos, luego que la fracción parlamentaria del PRD se dividió y el resto de los diputados de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y del Trabajo (PT) votaron en favor Los diputados perredistas que se opusieron, Antonio Rosas Lezama, Ubaldo Lánder Corona, Miguel Arroyo Rosales y María Ilicuatzin, pidieron más tiempo para estudiar el decreto, pero la mayoría parlamentaria se opuso al considerar que la iniciativa se encontraba en dictamen desde hace dos años En el Congreso se consideró la aprobación como un fuerte golpe al mandatario Alfonso Sánchez Anaya, pues el próximo año se realizarán elecciones en el estado para renovar la gubernatura y, con la medida, no podrá ejercer recursos de manera discrecional para favorecer a organizaciones sociales afines