Gobernador de Guerrero promueve campaña contra ombudsman

sábado, 2 de octubre de 2004 · 01:00
* El general Felipe Bonilla Espinobarros descalifica trabajo de defensores, denuncian México, D F, 1 de octubre (apro)- Las organizaciones civiles pertenecientes a la Red Nacional “Todos los derechos para todos” y la Red Guerrerense de Derechos Humanos acusaron al gobernador René Juárez Cisneros, y al general de brigada Felipe Bonilla Espinobarros, comandante de la novena región militar, de la campaña de desprestigio y descalificación que han emprendido contra el trabajo que realizan los ombudsman locales e internacionales en la entidad Edgar Cortez, secretario ejecutivo de la Red “Todos los derechos para todos”, sostuvo que a pesar de los esfuerzos de la comunidad internacional, la situación que enfrentan los ombudsman se ha ido agravando a causa de que los Estados evaden su responsabilidad de adoptar políticas de protección a los defensores y defensoras “Las situaciones de riesgo que enfrentamos se patentizan en las descalificaciones, amenazas, intimidaciones, persecuciones y judicializaciones, por parte de las autoridades, que tienen como denominador común, sancionar, obstruir o impedir el trabajo que realizamos en pro de los derechos humanos”, sostuvo El 9 de diciembre de 1998, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas aprobó la declaración sobre los defensores de derechos humanos, en la que destaca que los Estados miembros tienen la responsabilidad primordial y el deber de proteger, promover y hacer efectivos todos los derechos humanos y las libertades fundamentales El 18 de agosto del 2000 se designa a la representante especial del secretario general de la ONU para defensores de derechos humanos, con el fin de promover y proteger su trabajo en todo el mundo A nivel regional se cuenta con la Unidad de Protección de Defensores de Derechos Humanos dependiente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Cortez Morales dice que ante la agudización de la pobreza que ensancha la franja de los excluidos, ha emergido un movimiento de protesta que se ha ido generalizando a causa de las políticas macroeconómicas que violentan derechos económicos sociales y culturales Sin embargo, subraya que la respuesta de las autoridades ha sido regresiva y autoritaria, pues criminaliza el reclamo y la protesta social Dice que el caso de Guerrero es un ejemplo paradigmático En los últimos meses la ciudadanía guerrerense ha enfrentado situaciones muy difíciles, como el problema de la militarización, que ha provocado graves violaciones a los derechos humanos en las regiones indígenas Así, destacan los casos de dos mujeres tlapanecas del municipio de Ayutla que fueron violadas por elementos del Ejército; la desaparición forzada del periodista acapulqueño Leodegario Aguilera Lucas, director de la revista Mundo Político, que de acuerdo con las investigaciones de la Procuraduría local fue ejecutado el 22 de mayo del presente año, el mismo día de su desaparición; las ordenes de aprehensión giradas contra ejidatarios de “La Parota”, por oponerse a la construcción de la presa y por manifestar su inconformidad con la retención de la maquinaria de la Comisión Federal de Electricidad (CFE); las órdenes de aprehensión giradas contra las autoridades indígenas amuzgas de Xochistlahuaca, por ejercer el derecho de regirse con sus sistemas normativos El secretario ejecutivo de la Red “Todos los derechos para todos” destaca que con la aprobación y aplicación de la ley antibloqueos, el Congreso local allanó el camino a las autoridades estatales para que limiten, repriman y penalicen el legítimo ejercicio del reclamo y la protesta social, tal como sucedió el 9 de septiembre del presente año, cuando corporaciones policiacas desalojaron violentamente y detuvieron a 32 miembros de la Promotora Estatal por la Unidad Nacional y contra el Neoliberalismo, que bloqueaban la Autopista del Sol Estos casos dejan entrever un clima adverso para la convivencia civilizada, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; por el contrario, se privilegia la fuerza y se encubre a los que violan los derechos humanos, y a sus defensores se les desprestigia y descalifica, apunta

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