* Se acusa al exgobernador de colima de injerencia ilegal en el proceso electoral Colima, Col , 27 de octubre (apro)- A unos días de que prescriba el plazo legal, una ciudadana presentó hoy ante el Congreso local una demanda de juicio político en contra del exmandatario Fernando Moreno Peña, por su intervención “parcial e ilegal” en la elección de gobernador del 6 de julio de 2003, lo que motivó la anulación del proceso por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el 29 de octubre del año pasado La demanda fue promovida por María Elena Abaroa López, representante de Compromiso Ciudadano, con el respaldo de Enrique Ceballos Ramos, Maricruz González Manzo, Héctor Porfirio Ochoa Rodríguez, José Luis Negrete Pizano, así como Martha Eugenia y Silvia Adriana Montaño Vázquez, entre otros integrantes de la agrupación En el documento de 12 páginas, entregado en la oficialía de partes del Congreso local a las 12:40 de este día, y del que Apro obtuvo copia, la denunciante señala que, independientemente, de las sanciones penales a que se haga acreedor, el exmandatario debe ser inhabilitado por 14 años para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, además que debe restituir al erario, en reparación, la cantidad de 20 millones 319 mil 331 pesos que, “a costa del pueblo de Colima, tuvo que pagarse para la organización de las nuevas elecciones” Abaroa indica que durante el proceso electoral ordinario de 2003, Moreno Peña cometió “serios ilícitos y faltas oficiales que redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales, y en agravio de miles de ciudadanos colimenses, incluida mi persona, que en razón de ello nos vimos privados de nuestros derechos constitucionales para elegir libremente a nuestros representantes federales y locales, en las elecciones efectuadas el 6 de julio de 2003” Como consecuencia de la violación de los principios rectores de una elección democrática, afirma María Elena Abaroa, el exgobernador ocasionó la anulación de los comicios y su repetición, “quedando así defraudados el voto ciudadano y el erario público por la cantidad de 20 millones 319 mil 331 pesos, que por culpa de aquél debimos costear los ciudadanos de esta entidad para la organización y realización de una nueva elección” El sustento principal de la demanda de juicio político contra Moreno Peña descansa sobre las evidencias y argumentos utilizados por el TEPJF para anular la elección, en el juicio de revisión constitucional SUP-JRC-221/2003 y acumulados, que habían sido presentados por los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) De acuerdo con la denunciante, las acciones ilegales del exgobernador durante la elección de 2003, “plenamente probadas y tenidas por acreditadas en los expedientes del Trife”, fueron la difusión sistemática de logros de gobierno durante los 25 días previos a la jornada electoral; la intervención del entonces gobernador en actos de campaña del PRI, con alusiones favorables al candidato tricolor, y desfavorables a los candidatos de PAN y PRD; la participación de Moreno Peña en el mitin de cierre de campaña del candidato del tricolor; la instalación de retenes en diversos puntos del estado y la detención injustificada de militantes panistas el día de la jornada electoral El sustento legal para la anulación de la elección por parte del TEPJF fue la fracción quinta del artículo 59 de la Constitución de Colima, que prohíbe al gobernador “intervenir en las elecciones para que recaigan en determinada persona, ya sea por sí o por medio de otras autoridades o agentes, siendo éste motivo de nulidad de la elección y causa de responsabilidad” Sostiene María Elena Abaroa que, a pesar de que los representantes de la ciudadanía colimense en el Congreso local “tenían la obligación de demandar y exigir la responsabilidad de Fernando Moreno Peña, como un mínimo desagravio por el daño que ocasionó a la ciudadanía, hasta la fecha no lo han hecho, olvidándose y desatendiendo su principal obligación jurada al tomar posesión de sus cargos, la cual, conforme al artículo 134 de la Carta Magna local, es la de cumplir y hacer cumplir esta Constitución” Añade: “Esta omisión inexplicable de los diputados de la actual Legislatura local, a punto de vencerse el próximo 31 de octubre el plazo de un año de haber concluido el responsable sus funciones como gobernador, me obliga a presentar, como simple ciudadana, esta denuncia para evitar que quede como precedente pernicioso la indefensión total en que se nos ha dejado a la fecha a los ciudadanos colimenses, frente a la impunidad de que goza Moreno Peña” En su demanda de juicio político, Abaroa López refiere que con sus actos violatorios a la fracción quinta de la Constitución, el exgobernador también vulneró los artículos 6 y 7 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, los artículos 130 y 135 bis-5 del Código Penal local A principios de septiembre, la dirigencia estatal blanquiazul había presentado ante la delegación de la Procuraduría General de la República una denuncia penal contra Moreno Peña por el mismo motivo, pero hasta ahora se ignoran los avances de la averiguación previa