Crecen los riesgos de ingobernabilidad, alerta CNDH

miércoles, 18 de febrero de 2004
* Soberanes presenta el reporte 2003 de la comisión, ante Fox * Pendientes de satisfacción, los derechos económicos y sociales, reclama México, D F, 17 de febrero (apro)- Al entregar el informe de la CNDH del 2003 al presidente Vicente Fox, el titular de la comisión, José Luis Soberanes advirtió que siguen sin cumplirse los derechos sociales y que, con el aumento de “la desigualdad y la inequidad”, crecen los riesgos de la ingobernabilidad en el país Soberanes dijo al presidente Fox que la sociedad nacional, aun con sus contradicciones, avances y retrocesos, mostró en este lapso que la preocupación por los derechos fundamentales siguió abriéndose paso, hasta convertirse en uno de los temas fundamentales en el país El presidente de la CNDH reconoció avances en la observancia y el cumplimiento de los derechos humanos, pero aseveró que “aún son precarios los resultados en la realización de los derechos económicos y sociales, cuya satisfacción y ejercicio representan la única vía para erradicar el enorme abismo de desigualdades que imperan en este momento en nuestra patria” En este sentido, sentenció: “La desigualdad y la inequidad atañen directamente a la gobernabilidad democrática, toda vez que con su aumento crecen los riesgos de la ingobernabilidad” Durante la entrega del informe, Soberanes llamó la atención con un discurso con un enfoque más político en el cumplimiento de los derechos humanos En este sentido, dijo que la expectativa ciudadana de que un gobierno democráticamente electo, tendría por si mismo una capacidad superior para responder pronta y eficazmente a los problemas de la vida social, como es la disminución de la pobreza, la reducción del desempleo y la lucha contra la desigualdad, “no se han concretado todavía, y parece depender, por una parte, del curso que tomen la economía, la política fiscal y el empleo en estos próximos años y, por otra, de la voluntad para lograr la puesta en marcha de políticas públicas más equitativas” Confió en la posibilidad de que este gobierno cumpla con esas esperanzas ciudadanas, pero señaló que sólo se hará si se reconoce que “el Estado social, para serlo en verdad, debe atender sus obligaciones hacia la sociedad” Argumentó: “No creo que pueda prescindirse, por lo mismo, de un Estado solidario en una sociedad como la nuestra, aún con tantas desigualdades” Y aseveró: “Junto con el fortalecimiento del Estado legal que es capaz de dar orden a la sociedad y brindarle seguridad, la reforma del Estado democrático de derecho requiere responsabilidades objetivas de éste con el desarrollo En ninguno de estos ámbitos centrales hemos encontrado todavía suficientes respuestas” Como ejemplo de esta situación violatoria a los derechos humanos, citó el aumento en el número y gravedad de las quejas por deficiencias en la prestación de los servicios institucionales de salud pública, los cuales presentan problemas de calidad Mencionó también la falta de de una reforma integral al sistema de justicia en la parte de resarcir los daños provocados a las víctimas, a fin de que se permita a los ciudadanos recuperar la tranquilidad y la confianza en los cuerpos policíacos “La inseguridad, la corrupción y la impunidad siguen siendo graves atentados a los derechos humanos básicos y factores perturbadores que atentan contra la viabilidad de cualquier proyecto de nación justa, equitativa y democrática”, sentenció el presidente de la CNDH Muertas de Juárez En el caso de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, sostuvo que se trata de una “vergüenza nacional”, la que el Estado debe superar con el uso de todos los recursos necesarios y de instrumentos de justicia, luego de 10 años de gestación Manifestó que se tienen que hacer profundas investigaciones hasta lograr el esclarecimiento de los asesinatos y dar fin a la impunidad y la negligencia “Estas acciones son indispensables para hacer justicia y para que se cumpla con la exigencia generalizada de “en Juárez, ni una muerta más”, subrayó Soberanes Otra situación extrema es la frecuencia de los casos de linchamiento, entre particulares, “que diluye la presencia del Estado en aras de inadmisibles visiones que, como lo hemos dicho, representan la negación de la justicia y el triunfo de la venganza, de la mal llamada justicia popular, en donde se anulan la legalidad y el estado de derecho” Precisó que bien es cierto que los usos y costumbres de los pueblos indígenas son uno de los componentes fundamentales de su identidad y prácticas culturales, la CNDH considera que “si las prácticas de algunas comunidades violentan la dignidad humana de algunos de sus integrantes, la prioridad es proteger los derechos humanos de la población, tal y como lo disponen nuestra Constitución Política y los instrumentos internacionales en la materia” Señaló que “otro de los focos rojos” que reclaman la atención inmediata y sistemática son las violaciones de derechos fundamentales de los migrantes, ya que las normas internacionales suscritas por México en la materia, se desconocen e incumplen con demasiada frecuencia por los representantes de la autoridad Derechos indígenas Soberanes señaló que para la CNDH un tema fundamental es el de los derechos de los pueblos indígenas, ya que “no será plena la construcción del Estado democrático si no se garantiza de manera cabal el disfrute de los mismos; entre éstos, participar y ser consultados en el diseño de las políticas públicas que les afectan” El responsable de la CNDH también mencionó la discriminación que sufren las mujeres, adultos mayores, las personas con discapacidad y quienes viven con VIH/sida En materia de salud, Soberanes informó que durante el 2003 se incrementaron las quejas por la deficiente atención en las instituciones públicas del ramo --principalmente en IMSS e ISSSTE--: escasez de medicamentos, insuficiencia de equipo, la negligencia en la atención y, en general, la inadecuada prestación de los servicios de salud IMSS, las quejas El IMSS ocupó el cuarto lugar entre las autoridades más frecuentemente señaladas como responsables de violaciones a derechos, y a esa institución se dirigieron 10 de las 52 recomendaciones emitidas por el ombudsman nacional en el año que se informa, indicó Destacó que es claro el ascenso del número de quejas contra autoridades del sector salud, ya que en el 2000 se presentaron 470, que representaron 12% del total, mientras que en el 2003 el número de quejas ascendió a 589, es decir, 1675% del total Así mismo, en el 2000 la CNDH emitió tres recomendaciones por violaciones a derechos humanos en este sector, mientras que en el 2003 subieron a 14 Soberanes denunció que muchas autoridades no cumplen con las recomendaciones de la CNDH Por ello manifestó que “México debe dejar atrás, de una vez y para siempre, los tiempos en que el respeto a los derechos humanos era una cuestión de imagen; y establecer, en cambio, la necesaria congruencia entre el reconocimiento constitucional de estos derechos y un ambiente social que favorezca el que todos los sectores de la población puedan ejercerlos” Finalmente, en un resumen de las inconformidades, informó que en el 2003 la Dirección General de Quejas y Orientación registró un total de 3 mil 518 expedientes, que se sumaron a los 553 que se encontraban en trámite al 31 de diciembre del 2002, de los que 3 mil 343 se concluyeron y 728 quedaron en trámite Los principales motivos de queja fueron: ejercicio indebido del cargo, amenazas, detención arbitraria, negativa o inadecuada prestación del servicio público de salud, negativa al derecho de petición, cateos y visitas domiciliarias ilegales, trato cruel y/o degradante, dilación en el procedimiento administrativo e irregular integración de la averiguación previa Las autoridades señaladas con mayor frecuencia como presuntas responsables de actos u omisiones violatorias de derechos fundamentales fueron: Procuraduría General de la República con (586), Comisión Federal de Electricidad (518), Secretaría de Hacienda y Crédito Público (458), Instituto Mexicano del Seguro Social (440), Secretaría de Seguridad Pública (333, de las que 249 corresponden a la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, y 84 a la Policía Federal Preventiva), Secretaría de la Defensa Nacional (180), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (127), Secretaría de Educación Pública (121), e Instituto Nacional de Migración (115), respectivamente

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