* Advierte que emprenderá acciones judiciales * Niega que en su gobierno tolere la corrupción Guadalajara, Jal , 2 de marzo (apro)- Susceptible en extremo a la crítica, el gobernador Francisco Ramírez Acuña amenazó con emprender acciones judiciales en contra de quienes difamen --o crea que lo hacen--, a cualquiera de los integrantes de los tres poderes del estado "No vamos a permitir, ni para ustedes (los diputados), ni para el Tribunal, ni para quien trabaja en el Poder Ejecutivo, que sigamos teniendo como premisa la difamación Aquel que difame a un diputado y no presente y le acredite los dichos; aquel que difame a un magistrado o a un juez y no lo le acredite los dichos; igual aquel que difame a algún funcionario del gobierno del estado, se le implementarán los mecanismos por difamación ante la Procuraduría de Justicia del estado”, advirtió El gobernador de Jalisco respondió así a la diputada del PRD, Celia Fausto Lizaola, quien trajo a cuento los problemas de corrupción en los distintos niveles de gobierno y aseguró que no siempre se aplican las medidas correctivas Incluso, criticó que a algunos funcionarios sólo se les cambia de dependencia Ramírez Acuña aceptó que la clase política está en entredicho y desprestigiada por "el cúmulo de difamaciones y acciones”, muchas de las cuales, dijo, no se prueban o sólo se plantean, y sólo dejan al Congreso del estado, al Poder Ejecutivo y Judicial “en condiciones de triste observancia” El gobernador jalisciense, quien difícilmente acepta cuestionamientos duros o críticas a su actuar, compareció hoy ante los diputados del Congreso, con mayoría priista, para la glosa de su reciente informe de gobierno Ahí aseguró que es el "primer obligado a implementar los mecanismos de juridicidad”, pero advirtió que aplicará acciones jurídicas a nadie sólo por “satisfacer apetitos individuales” Ramírez Acuña añadió en su larga respuesta que cuando se ha comprobado que un funcionario de su administración ha fallado o se ha corrompido, es destituido; citó el caso del titular de la Secretaría de Seguridad Pública del estado (Efrén Flores Ledezma), quien fue destituido cuando se comprobó que había permitido la excarcelación temporal --para irse a pasear con ellas-- a dos mujeres recluidas por delitos contra la salud