Justicia en México, al banquillo de los acusados

miércoles, 28 de abril de 2004
* Audiencias de la CIDH por el caso de Alfonso Martín del Campo San José de Costa Rica, 27 de abril (apro) - La Corte Interamericana de Derecho Humanos (CIDH) realizó por primera vez una audiencia para analizar un caso en contra del Estado mexicano En una sala de sesiones completamente abarrotada, los siete jueces de la Corte Interamericana escucharon, durante tres horas y media, los alegatos jurídicos sobre si esta Corte es competente o no para litigar el caso de presuntas violaciones a los derechos humanos y procesales del mexicano Alfonso Martín del Campo La Comisión Interamericana de Derechos Humanos llevó este caso ante la Corte debido a que el Estado mexicano no cumplió con sus recomendaciones para reparar los agravios a los derechos fundamentales de Martín del Campo De acuerdo con la comisión, Martín del Campo fue detenido ilegalmente el 30 de mayo de 1992 y torturado en una agencia del Ministerio Público por policías judiciales, quienes le hicieron firmar una declaración inculpatoria por el homicidio de su hermana Patricia y de su cuñado Gerardo Zamudio Con base en dicha confesión bajo tortura, fue juzgado y sentenciado a 50 años de prisión, que actualmente purga en un centro penitenciario de Pachuca, Hidalgo Antes de acudir a la Comisión Interamericana, los abogados de Martín del Campo aseguraron que habían agotado los recursos legales dentro de México: denuncia penal por tortura, apelación ante la octava sala del Tribunal Superior de Justicia del DF, un reconocimiento de inocencia y un juicio de amparo Agotadas dichas instancias, en julio de 1998 los abogados de Alfonso alegaron ante la Comisión Interamericana la responsabilidad internacional del Estado mexicano por la detención ilegal de su defendido, la perpetración de tortura y por violaciones a las garantías procesales Al iniciar la sesión, a las 17:00 de este martes, el presidente en turno de la Corte, el mexicano Sergio García Ramírez, se excusó de presidir la audiencia debido a que, sostuvo, el caso se trataba de un connacional Delegó su función en uno de los vicepresidentes Sin embargo, mantuvo su derecho a participar en las deliberaciones y en sus dictámenes Casi de entrada, los representantes del Estado mexicano –encabezados por Juan José Gómez Camacho, director general de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y por María del Refugio González, coordinadora jurídica de la SRE-- expresaron que la Corte no podría analizar este caso, debido a que el homicidio fue cometido --y su presunto autor juzgado-- antes de que México aceptara la competencia de dicha Corte, el 16 de diciembre de 1998 Es decir, que la Corte no podría analizar casos con efecto retroactivo a su reconocimiento por parte de México Santiago A Cantón, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana, rebatió: argumentó que la detención ilegal es un “delito permanente”, que no podemos fragmentar porque Martín del Campo continúa detenido sin que se hubieran otorgado garantías procesales, y Arturo Requesens, abogado de los “peticionarios” (de la víctima y sus familiares), alegó que la desaparición forzada, al igual que la detención ilegal, son “delitos continuados: es decir, perduran en el tiempo, se mantienen hasta el día de hoy, pues existe pérdida de la libertad con base en una sentencia que tomó como válida una confesión bajo tortura Tanto los representantes de la Comisión como de los peticionarios aclararon que no querrían forzar a la Corte a juzgar hechos previos a diciembre de 1998, cuando México reconoció la competencia de dicha instancia internacional, sin embargo, señalaron que después de 1998 sucedieron nuevos hechos violatorios a las garantías procesales de Martín del Campo: por ejemplo, una auditoría interna de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, en donde el policía judicial Sotero Galván admitió haber torturado a Martín del Campo, así como una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) para solicitar la reapertura del caso y para aceptar el recurso de reconocimiento de inocencia Los representantes del Estado mexicano alegaron además que los abogados mexicanos no habían agotado todos los recursos de la legislación interna de México antes de hacer la petición a la Comisión Interamericana Incluso, afirmaron que después de hecha la petición, presentaron un recurso de amparo en contra del fallo judicial que rechazó el reconocimiento de inocencia de Martín del Campo Santiago A Cantón afirmó que el Estado mexicano había tardado más de un año para plantear el no agotamiento de los recursos internos, por lo que la Comisión consideró que el Estado mexicano incurrió en renuncia tácita de dicha hipótesis Más: los peticionarios señalaron las contradicciones del Estado mexicano, que primero aseguró que en México éste era “caso juzgado”, y por tanto estaban agotados los recursos internos, y después alegaron lo contrario Y pidieron a la Corte aplicar un mecanismo de la Convención Interamericana (stoper) para garantizar la congruencia en la actuación del Estado mexicano Requesens tocó un tema de fondo: el caso de Martín del Campo “pone en entredicho todo el sistema de procuración de justicia de México” Al filo de 18:30 la Corte cerró su audiencia sin que los jueces llegaran a una decisión sobre la competencia de la misma para conocer del caso de Martín del Campo, y aquélla “se hará posteriormente y se comunicará por escrito”, refirieron fuentes de dicha instancia

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