* Trasfondo político detrás de la denuncia panista contra Fernando Cano, acusa Ciudad Victoria, Tamps , 10 de junio (apro)- En una carta dirigida a Apro, la secretaria general de Gobierno, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, asegura que los señalamientos de legisladores panistas, sobre la venta de terrenos en el puerto industrial de Altamira al empresario Fernando Cano, “tienen un fondo político” con miras al proceso electoral que se vive en Tamaulipas Aunque el jefe de asesores del gobierno del estado, Eduardo García Puebla, había llamado a la corresponsal para dar una entrevista con Guillén Vicente, a fin de aclarar todo lo concerniente a este caso, al arribar a la cita sólo entregaron una carta --¿Y la entrevista? --se le cuestionó al funcionario --No te la va a dar, porque en la carta ya está aclarado todo --explicó Cuando se le objetó que había muchas preguntas que se pretendían plantear, el funcionario tomó nota y ofreció que daría respuesta En la carta, la funcionaria dice que en relación con la nota publicada en tres partes bajo el título “Caminos de corrupción”, en la página en Internet de wwwprocesocommx, que los señalamientos lanzados por los panistas “tienen un fondo político, que ocurre en el marco del proceso electoral que vive la entidad” Por su lado, la fracción de la Cámara de Diputados presentó un punto de acuerdo en la Permanente para investigar presuntos actos de corrupción cometidos por el gobierno de Tomás Yarrington Ruvalcaba, por la venta de mil 600 hectáreas del puerto industrial de Altamira, a un precio de 87 centavos el metro cuadrado En la carta firmada por Guillén Vicente, se menciona que el precio en el que se pactó la operación, se basó en avalúos que “fueron practicados por una entidad federal ajena al gobierno del estado, como es el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, el cual, con fecha 8 de julio de 2001, emitió el avalúo 10/0851, que le asigna un valor al predio de 14 millones de pesos “Es evidente que los señalamientos que lanzan los legisladores de Acción Nacional tienen un fondo político, que ocurre en el marco del proceso electoral que vive la entidad”, dice la misiva El gobernador se ha cuidado de no hacer ninguna declaración desde que fue ventilado este asunto García Puebla proporcionó una copia del avalúo realizado por el perito Francisco Borrego Lerma, especializado en inmuebles, bajo el registro de Banobras BNO-TAM-03, en el que se establece que mil 538 hectáreas, de las mil 600 que se vendieron al empresario, se encuentran en terrenos inundables y requieren de una gran inversión para su relleno Identificados como la Zona “I”, se precisa que estos terrenos “son susceptibles de inundaciones (marismas), curvas entre las cotas de 000 a 100 metro, terrenos que requieren de mucho relleno para su uso, sin afectaciones de tenencia de tierra y escasa vegetación, terrenos desmontados en 95%, sólo accesibles en el estiaje, sin servicios o infraestructura” El funcionario, sin embargo, no aclaró por qué este avalúo de Banobras no se menciona en ninguna parte del acta notarial con la que se formalizó la compra-venta de los terrenos, a la que sólo se le anexan “avalúos periciales” hechos por la Coordinación de Catastro del ayuntamiento de Altamira y con fecha cuatro meses posterior a la operación de compra-venta También dejó pendiente de respuesta los cuestionamientos sobre la prisa con la que se realizó la operación, pues mientras que el decreto del Congreso local fue emitido el 6 de junio del 2001, los terrenos son recibidos por el fideicomiso el 28 de junio y anotados en el Registro Público de la Propiedad el 6 de julio de ese año; cinco días después el comité técnico se reunió para emitir el dictamen de la venta a Fernando Cano Las fechas según el acta El 6 de junio de 2001 se publica el decreto 435 del Congreso local con el que se traspasa el terreno al Fideicomiso Nuevo Santander El 28 de junio de 2001, ante el notario José Luis Chapa Villarreal, se formaliza la propiedad a nombre del fideicomiso El 6 de julio de 2001 se registra la escritura ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, bajo el número 5019, legajo 6101 de ese año El 11 de julio del 2001, es decir, a menos de un mes que se publicó el decreto del Congreso, el comité técnico se reúne para autorizar la venta del terreno a Construcciones y Materiales Villa de Aguayo, en 14 millones de pesos El 6 de febrero del 2002, Fernando Cano depositó de 10 millones de pesos en la cuenta 46629-0 de Banca Serfín El 13 de junio del 2002, entregó el cheque certificado 0029561 de Banorte por 4 millones de pesos El 19 de junio del 2002 finiquitan la operación ante la notaría pública 187 de esta capital El 19 de noviembre del 2002, la Coordinación de Catastro del ayuntamiento de Altamira emite el avalúo pericial que se anexa en el apéndice del acta El 25 de junio del 2003, la escritura fue anotada en el Registro Público de la Propiedad bajo el número 4564, contenida en el legajo 6092