* Las sanciones en materia difamación y calumnia, contrarias a la libertad de expresión, señalan Tuxtla Gutiérrez, Chis , 15 de junio (apro)- El Comité de Protección a Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) con sede en Nueva York, instó al gobernador Pablo Salazar y al Poder Legislativo a derogar las reformas penales aprobadas en materia de difamación y calumnia, y a contemplar nuevas disposiciones que estén acordes con las normas internacionales en materia de libertad de expresión En una carta enviada al gobernador y al Congreso local el organismo dice que “a pesar de que en el hemisferio occidental se ha generado un consenso en favor de la despenalización de la difamación, Chiapas avanza en la dirección contraria” En una misiva enviada con copia para decenas de organismos mexicanos e internacionales que defienden los derechos humanos y la libertad de expresión, el CPJ se pronunció en contra las nuevas disposiciones del Código Penal chiapaneco que sancionan hasta con mil días de multa y nueve años de prisión a quienes incurran en este delito El CPJ, una organización sin fines de lucro fundada en 1981 y con sede en Nueva York que se dedica a la defensa de la libertad de prensa en todo el mundo, expresó su condena a las recientes reformas al Código Penal del estado de Chiapas que establecen severas sanciones penales por el delito de difamación En el documento signado por la directora ejecutiva Ann K Cooper, el CPJ sostuvo que las leyes que penalizan expresiones que no incitan a la violencia anárquica son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión consagrado en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que México ha ratificado Recordó, además, que en 1994 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló: “En efecto, si se consideran las consecuencias de las sanciones penales y el efecto inevitablemente inhibidor que tienen para la libertad de expresión, la penalización de cualquier tipo de expresión sólo puede aplicarse en circunstancias excepcionales en las que exista una amenaza evidente y directa de violencia anárquica” Reseña que la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la CIDH, aprobada en octubre del 2000, reafirmó que “la protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público” Ante lo acontecido en Chiapas el CPJ dijo que rechazan toda sanción penal prevista para la difamación, pero que estas reformas son particularmente perniciosas en tanto que elevan la difamación a la categoría de delito grave “Por causa de este cambio, un periodista procesado por difamación ya no tendrá derecho a la libertad bajo fianza mientras el proceso penal continúe Dado que las sanciones penales por difamación han sido aumentadas tan drásticamente, un periodista que haya sido condenado y sentenciado a más de cuatro años de prisión, no tendrá derecho a la suspensión de la ejecución de la sentencia o a la conmutación de la sanción por tratamiento en libertad”, dice el CPJ en su carta De igual manera, refiere que las nuevas disposiciones que se añadieron al artículo 173 responsabilizan a los dueños, gerentes o directores de un medio de prensa por los delitos de difamación y calumnia si el autor de un artículo no fuera conocido o si tuviera domicilio fuera del estado “Estamos consternados por el hecho de que usted haya dado su respaldo a las reformas al Código Penal y por su aprobación con escaso debate Según versiones de los medios locales, usted ha rechazado intentos por aplazar la entrada en vigor de las nuevas disposiciones y ha declarado que las reformas garantizan la libre difusión de ideas”, dice la misiva del CPJ Agrega que “a pesar de que en el hemisferio occidental se ha generado un consenso en favor de la despenalización de la difamación, Chiapas avanza en la dirección contraria El endurecimiento de las disposiciones penales relativas a la difamación constituye un retroceso para la libertad de expresión en Chiapas y en México Lo instamos a apoyar la derogación de las disposiciones penales aprobadas y a contemplar el respaldo a nuevas disposiciones que estén acordes con las normas internacionales en materia de libertad de expresión”