* El gobernador de Colima busca empatar el caso con la sanción a exregidores, denuncian Colima, Col , 7 de junio (apro)- El diputado federal panista Jorge Luis Preciado Rodríguez denunció que el gobierno estatal desplegó una campaña de presiones y chantajes para que se desista de exigir el esclarecimiento del tarjetagate, un presunto fraude con tarjetas Pagomático de la nómina estatal, descubierto en marzo por Preciado y su compañero de bancada, Antonio Morales de la Peña Comentó que la administración de Gustavo Vázquez Montes ha pretendido empatar el asunto con la amenaza de sanción a siete exregidores panistas del ayuntamiento de Colima, a quienes se les acusa de usurpación de funciones tras haber suspendido, en varias ocasiones, al exsíndico Marco Antonio García Toro Preciado, quien antes fue diputado local y presidente estatal del PAN, sostuvo que mientras no se esclarezca el tarjetagate en la Procuraduría General de la República (PGR), no se debe aprobar la Cuenta Pública del último año del exgobernador Fernando Moreno Peña, pues “ahí hay un desvío de recursos importante que debe serle aclarado al pueblo de Colima, y nosotros no debemos prestarnos a ninguna negociación” Dijo que el secretario general de Gobierno, Arnoldo Ochoa González, pidió a su partido la aprobación de la Cuenta Pública aun cuando quedara pendiente el asunto de las tarjetas, y ahí es donde el legislador se mostró en desacuerdo La PGR, refirió, solicitó el expediente del caso a la Procuraduría local, pero el procurador y el gobernador se han negado a enviar la información, y lo único que entregó Ochoa son listados de bienes de Moreno Peña, que es uno de los principales investigados por el tarjetagate Aseveró que el gobernador Gustavo Vázquez Montes habló con el secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, y con el subsecretario de Gobernación, Ramón Martín Huerta, “pidiéndoles de favor que hablaran con el diputado Antonio Morales y con un servidor, para que le bajáramos al asunto de las tarjetas” Ramón Martín se comunicó con Antonio Morales, y “nosotros asumimos siempre la posición de que eso no está sujeto a negociación y que en todo caso que sean las autoridades jurisdiccionales las que deslinden la responsabilidad a quien la tenga” Por su parte, el secretario general de Gobierno, Arnoldo Ochoa González, señaló que la relación con la Secretaría de Gobernación es institucional, y “obviamente se tocan asuntos de interés importantes para la política nacional y la política del estado, pero de ninguna manera se busca negociar ninguna cuestión relacionada con la investigación, y el caso ya se consignó ante un juzgado” Enfatizó: “No hay tales negociaciones, ni tampoco nos escudamos en nada que no sea el derecho, en nada que tenga que ver con situaciones irregulares; la relación con los partidos políticos en Colima, y particularmente con el PAN, es de respeto, institucional, donde hemos discutido temas de interés, relacionados fundamentalmente con el estado” Ochoa González aseguró que el gobernador no está negociando absolutamente nada y mucho menos situaciones que vayan al margen o en contra de la ley Estimó que Jorge Luis Preciado debe hacer una reflexión sobre cómo llevar la relación de carácter institucional con su representación, porque “el hecho de que sea diputado federal no le faculta a referirse en el tono que lo hace a los funcionarios, porque aquí en el gobierno del estado no hay ninguna mafia ni hay fraude cibernético y demás “En ese sentido, no estoy de acuerdo en que ese sea el tono de las relaciones; debemos ser más respetuosos de su propia investidura y él también debe ser más respetuoso y cuidadoso en las formas en que plantea situaciones de carácter político, y tendrá que ser la autoridad competente quien resuelva”, concluyó