Caminos de corrupción (Primera de tres partes)

miércoles, 9 de junio de 2004 · 01:00
* Fernando Cano, uno de los hombres más ricos de Tamaulipas al amparo del gobierno local Ciudad Victoria, Tamps , 8 de junio (apro)- Hace doce años era un pequeño empresario que no poseía más que un camión de volteo, un molino de piedra y una retroexcavadora Hoy, Fernando Cano Martínez es uno de los hombres más ricos de Tamaulipas Este abogado metido al ramo de la construcción lo mismo está presente en los negocios más redituables que se realizan en suelo tamaulipeco, que se beneficia de programas sociales o financia campañas de aspirantes a la gubernatura, como es el caso del alcalde de Ciudad Victoria con licencia, Eugenio Hernández Flores Actualmente, posee una flotilla de aviones, entre ellos un Lear jet, matricula XBHGE, que es utilizado para trasladar a muchas de las personalidades políticas y empresariales que visitan la entidad; y hace apenas unos días, con un fuerte despliegue tecnológico y económico, salió a la venta en Tampico el periódico La Razón En el directorio, Cano Martínez aparece como el director de Consejo Administrativo Este hombre de 47 años de edad, nacido en el Distrito Federal, hace doce años trabajaba con un modesto camión de volteo que tenía registrado en un sindicato cetemista, con el que transportaba materiales triturados en cantidades modestas Hoy es señalado como el beneficiario de millonarios contratos por parte del gobierno de Tomás Yarrington Ruvalcaba --de quien presume “cercana amistad”— en el ramo de la construcción y de ser favorecido para apropiarse, entre otras, de más de 1,600 hectáreas de terreno en el puerto industrial de Altamira La fracción panista en el Congreso Local presentó la semana pasada una iniciativa de punto de acuerdo para pedir a la Secretaría de la Función Pública que investigue “posibles actos de corrupción” cometidos por el gobierno de Tomás Yarrington Ruvalcaba por la venta de las 1, 600 hectáreas en Altamira a Cano Martínez, quien es identificado ya en el estado como el “Carlos Ahumada de Tamaulipas” “Es del dominio de la opinión pública de Tamaulipas que el licenciado Cano Martínez sostiene una estrecha relación de amistad con el gobernador Tomás Yarrington Lo cual, a decir de muchos de los habitantes de Tamaulipas, ha generado que el licenciado Cano se vea favorecido para llevar a cabo la construcción de gran parte de la obra pública realizada en este sexenio, viéndose beneficiado con contratos millonarios que parecen responder más a un tráfico de influencias que a principios de legalidad y transparencia en la licitación y adjudicación de dicha obra”, dice la iniciativa panista En esta misma semana, el diputado local panista Luis Alonso Mejía interpuso en la Procuraduría General de Justicia del estado una demanda penal en contra del mandatario tamaulipeco y del empresario por esta misma operación El afortunado En el 2002 Cano Martínez pudo apropiarse de un extenso terreno en uno de los puertos industriales de mayor demanda en el país, a un precio “irrisorio” de 87 centavos el metro cuadrado Los terrenos, expropiados “por utilidad pública” a ejidatarios de Altamira, fueron entregados por la Federación al gobierno de Manuel Cavazos Lerma en 1994 para el proyecto del Canal Intracostero, obra que nunca se llevó a cabo En el 2001, ya con Yarrington como gobernador, se empujó una iniciativa para que el Congreso del estado entregara a un fideicomiso llamado “Nuevo Santander” dos polígonos de esos terrenos del puerto industrial que juntos suman 1,600 hectáreas Tan sólo un mes después de publicarse el decreto en el periódico oficial del estado, este fideicomiso autorizó por unanimidad “vender” toda esta extensión –parte con frente al Golfo de México-- a Cano Martínez en 14 millones de pesos, es decir a 8 mil 700 pesos la hectárea Un gran negocio, si se toma en cuenta que ya en el 2002, cuando se finiquitó esta operación, se manejaba que el metro cuadrado en el Puerto de Altamira valía, por lo menos, 17 dólares, es decir que el precio de las 1,600 hectáreas sería 272 millones de dólares Actualmente, diputados del PAN consideran que el valor de los terrenos puede ascender a los 320 millones de dólares De acuerdo con una copia del acta notarial de la operación de compra-venta, anotada en la Sección Uno del Registro Público de la Propiedad en el legajo 6092 del 2003, acta número 4564, el gobierno del estado en la cláusula novena admite haber emitido “la carta de instrucciones” para la transmisión del inmueble En noviembre del año pasado, Cano Martínez encabezó la comitiva empresarial de la gira que realizó Yarrington por China Juntos, como lo muestra una foto difundida por Comunicación Social del gobierno del estado visitaron el puerto de Waigoaqiao, donde invitaron a las empresas chinas a invertir en Altamira Este puerto tamaulipeco compite por ser la sede del Proyecto Fénix, un complejo de plantas petroquímicas en las que Pemex invertirá más de 2 mil millones de dólares De concretarse esta inversión, en menos de tres años Altamira se convertiría en el quinto cluster a nivel mundial, y por lo mismo en una de las zonas más codiciadas del planeta para instalar una industria El gobernador Tomás Yarrington Ruvalcaba se ha negado a dar entrevistas sobre el tema, mientras que el director de Comunicación del gobierno del estado, Manuel Montiel, ha descartado cualquier explicación del mandatario a esta operación por considerar que la información es “tendenciosa”; y que son el fideicomiso y el empresario, quienes tiene que aclararla La explicación dada por el gobierno del estado cuando empezó a manejarse este asunto en el Congreso del estado, fue que los terrenos carecían de valor comercial, por ser sólo marismas, sin embargo, una fuente del puerto consultada indicó que eso aplicaría sólo para una parte menor de la extensión y aun así, son áreas totalmente rescatables, pues por años han recibido rellenos que son obtenidos de dragados Los negocios más visibles de Cano, han estado en el área de la construcción Sus constructoras Villa de Aguayo y Gifer han ejercido un predominio en las licitaciones que se realizan en la entidad, tanto por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología como por la de Comunicaciones y Transportes Prácticamente toda la obra carretera realizada en este sexenio ha estado a cargo de las empresas de Cano o de las constructoras que se han mantenido cercanas a él

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