Acusa ONG a edil de Mérida de obstaculizar al FZLN

miércoles, 19 de octubre de 2005
* Lo acusa de hostigar y amenazar a los activistas del zapatismo Mérida, Yuc , 18 de octubre (apro)- La organización defensora de los derechos humanos Indignación AC, denunció que personal del Ayuntamiento de Mérida, que preside el panista Manuel Fuentes Alcocer, hostiga, amenaza y obstaculiza el trabajo de activistas del Frente Zapatista de Liberación Nacional (FZLN) de Yucatán A través de un comunicado la organización señaló que empleados municipales han obstaculizado los trabajos de difusión que realiza el FZLN, lo que implicaría una violación a los derechos humanos de sus integrantes y a las garantías consagradas en la Constitución Indignación recordó que todos los sábados desde hace más de siete años, el FZLN en Yucatán ha instalado en la Plaza Grande una mesa de información Sin embargo, en las últimas dos semanas, personas que colaboran con esa organización han acusado a Fernando Aguiar, subdirector de Mercados, y a Jorge Mendoza, jefe de Supervisores, de haberlos hostigado, provocado y amenazado, retirándoles materiales de difusión y propaganda de su asociación El organismo relató que el sábado 1 de octubre, alrededor de las 1300 horas, empleados a las órdenes de Aguiar y Mendoza, se presentaron con el propósito de desalojarlos de su sitio habitual, bajo la acusación de que eran vendedores ambulantes El sábado siguiente, 8 de octubre, estando también en la mesa Gerardo Camacho Suárez, los empleados del ayuntamiento no sólo repitieron las mismas acciones de la semana anterior, sino que se llevaron algunos materiales de los que difunde el FZLN, como la revista Rebeldía Una semana después, el sábado 15 de octubre, los miembros del frente fueron hostigados nuevamente, sólo que en esta ocasión el personal del ayuntamiento fotografió material que la organización expone en su mesa informativa Ante esa situación, Indignación exigió que el alcalde Fuentes Alcocer garantice a los integrantes del FZLN y a todos los habitantes de este municipio el pleno ejercicio de sus derechos; y que ordene una investigación que determine si la actuación de los funcionarios estuvo apegada al irrestricto respeto a los derechos humanos y, en caso de no haber sido así, aplicar las sanciones correspondientes a los empleados que resulten responsables de vulnerar derechos u obstaculizar el ejercicio de las garantías constitucionales

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