Tabasco: Promoverá el PRD queja ante la SCJN

jueves, 24 de marzo de 2005
* El próximo lunes interpondrá recurso de inconstitucionalidad por la desaparición de la Gran Comisión del Congreso local Villahermosa, Tab , 23 de marzo (apro)- El próximo lunes, la fracción parlamentaria del PRD presentará ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad por la desaparición de la Gran Comisión que les quitó el control del Congreso del estado El pasado 22 de febrero, diputados del PRI y PVEM en alianza con el PAN y dos legisladores del PRD –acusados de “vendidos” al gobierno-- aprobaron la sustitución de la Gran Comisión por una Junta de Coordinación Política (JCP) Durante 14 meses, el PRD como fracción mayoritaria –tiene 17 diputados de 35 que integran la 58 Legislatura-- había presidido la Gran Comisión y desde ahí controlaba el Congreso local Ahora, encabezará la JCP por sólo dos meses: marzo y abril, pues a partir del siguiente y hasta mayo del 2006, la presidirá el PRI, luego le tocarán cinco meses al PAN y cerrará el PVEM en noviembre y diciembre El diputado perredista, Adolfo Díaz Orueta, presidente de la JCP, aseguró que su partido tiene “amplias” posibilidades de ganar la acción de inconstitucionalidad, sobre todo porque el criterio de la retroactividad de la ley se les aplicó de manera errónea, lo que les afectó como partido “No se vale que en un artículo transitorio nos digan que quedamos excluidos de la JCP porque ya nosotros estuvimos 14 meses al frente de la Gran Comisión, esa parte de nuestra defensa legal”, afirmó Díaz Orueta sostuvo que también resultaron afectados en el principio de equidad, pues no obstante de ser la primera fuerza política del estado y la fracción mayoritaria en el Congreso, presidirán la JCP por dos meses, igual que el PVEM que tiene un solo diputado Nueve de los 17 legisladores del PRD se reunieron con el abogado –no revelaron su nombre-- que se encargará de representarlos ante el máximo tribunal del país en esta nueva controversia El abogado les explicó el contenido de la acción de inconstitucionalidad, les hizo saber que hay muchas posibilidades de ganar la acción de inconstitucionalidad y entregó a cada legislador copia del expediente que se hará llegar a la SCJN En la reunión se informó que se requerirá la firma de por lo menos 12 de los 17 diputados del PRD para que la acción de inconstitucionalidad se presente, y el plazo vence el próximo lunes 28 de marzo Pese a la división de los diputados perredistas –denominados “grupo de los nueve” y “grupo de los ocho”--, Díaz Orueta confió en que obtendrán las tres firmas que le hacen falta para completar las doce, porcentaje mínimo exigido por la Suprema Corte para dar entrada a este litigio jurídico Esta será la segunda controversia que diputados de la 58 Legislatura presentan ante la Suprema Corte En abril del año pasado, legisladores del PRD y PAN presentaron la primera ante la SCJN en contra del Poder Ejecutivo por vetar un decreto del Congreso para echar abajo la “ilegal” designación del titular del Órgano Superior de Fiscalización, el priista Francisco Rullán Silva El 12 de febrero de 2004, el pleno del Congreso del estado aprobó por mayoría el decreto 001 mediante el cual se abrogaba el decreto 291 --emitido el 15 de diciembre del 2003--, a través del cual se nombró a Rullán Silva como fiscal del Órgano Superior de Fiscalización El 24 de febrero el gobernador Manuel Andrade vetó el decreto 001, el cual fue turnado a la Gran Comisión y la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales El 17 de marzo, esta Comisión aprobó un acuerdo que se turnó al entonces presidente de la Gran Comisión, Carlos Mario Ocampo Cano, para los efectos de promover la controversia constitucional en contra del veto del Poder Ejecutivo El mismo día, la Gran Comisión sesionó y aprobó --con votos del PRD y PAN-- el acuerdo para presentar el recurso de controversia constitucional El 6 de abril, el diputado Ocampo Cano –en representación del Congreso-- presentó la controversia constitucional, la cual, a casi un año de distancia, no ha sido desahogada por el máximo tribunal de justicia del país

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