* Pide al Senado de la República y a la SRE expresar el malestar del pueblo de México por la entrada en vigor de la propuesta * Atenta contra la dignidad y los derechos humanos, argumenta Jalapa, Ver , 28 de marzo (apro)- Por propuesta del Congreso de Jalisco, la diputación veracruzana se sumó al exhorto a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Senado de la República para manifestar su rechazó a la propuesta 200 emitida por el estado de Arizona que restringe los servicios de asistencia social a inmigrantes mexicanos y sus familias La diputación permanente de la Legislatura local consideró que ambas instancias federales deben expresar al gobierno del estado de Arizona “el malestar y rechazó del pueblo de México a esta propuesta”, así como todo acto que atente contra la dignidad y los derechos humanos de los trabajadores mexicanos y sus familias En atención a la solicitud realizada, la Junta de Coordinación Política presentó un punto de acuerdo para sumarse a la propuesta de sus homólogos en Jalisco, en el sentido de hacer saber a las instancias federales correspondientes “la preocupación generalizada por la aprobación de la propuesta 200 de Arizona” En el punto de acuerdo aprobado se consideró que el respeto a la dignidad humana es un principio universal que debe estar presente en las relaciones de todos los seres humanos, “sin importar las circunstancias de origen, credo, situación legal o estatus migratorio” Este precepto, se dijo, cobra mayor relevancia cuando se trata de personas que por circunstancias sociales tienen que abandonar su estado de origen para buscar oportunidades en otros países, “lo que los ubica en una situación de mayor vulnerabilidad” Se hizo referencia a los postulados que ha sido regido por la Declaración Internacional de los Derechos Humanos y por la Convención Internacional sobre la Protección de los Trabajadores Migrantes y sus Familias, “documentos que consignan la obligación de las naciones a prestar los servicios sociales” No obstante, se mencionó, el pasado 22 de diciembre entró en vigor la nueva ley en el estado de Arizona, la cual niega servicios de asistencia social a los inmigrantes y sus familias si no tienen acreditada su estancia legal en Estados Unidos Dicha ley, además, sanciona con una multa de hasta 750 dólares o privación de la libertad a todo aquel empleado de gobierno que no denuncie a un inmigrante indocumentado, “lo que los convierte en agentes persecutores de los migrantes mexicanos” Esta ley, se subrayó, ha generado temor entre los indocumentados mexicanos que se encuentran en la zona, “al grado que muchos de ellos optaron por no asistir a su trabajo, sacar su dinero del banco y dejar de enviar a sus hijos a la escuela, lo que ha provocado indignación del gobierno mexicano y de diversas organizaciones mexicanas en aquel país” Sin duda alguna, se mencionó, dicha ley atenta contra la dignidad humana de los inmigrantes, y fomenta la agresión, discriminación y maltrato de los más de 300 mil mexicanos que, a decir de las autoridades federales de México, serán afectados directamente y no podrán recibir prestaciones como la salud y la educación