Layda Sansores, la batalla contra la PGR

viernes, 29 de abril de 2005
* Gana nuevo amparo tras el escándalo de espionaje en Campeche * Exige la destitución del delegado Guillermo Luna, por desacato Campeche, Cam , 28 de abril (apro)- La vicepresidenta del CEN de Convergencia, Layda Sansores San Román, anunció que por segunda ocasión un juzgado federal resuelve a su favor una petición de amparo contra la Procuraduría General de la República (PGR), que se niega a acatar la orden de agotar el desahogo de pruebas en el caso del centro de espionaje telefónico descubierto hace siete años en esta entidad Por ello, demandó la destitución del delegado Guillermo Luna Méndez, quien bajo el pretexto de que “es ocioso” ahondar en esas pruebas, desacató la primera disposición judicial El 3 de marzo se ajustaron siete años del hallazgo del centro de espionaje telefónico que desde 1994 operaba en el predio marcado con el número 33 de la calle 65, en pleno centro de esta capital Desde ahí se monitoreaban las conversaciones telefónicas de líderes políticos, obreros, campesinos, religiosos Y más El propio Ejército y el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen) también fueron blancos del espionaje Y aunque para la PGR el escándalo ya es “cosa juzgada”, el caso nunca ha sido conocido por un juez Pese a que el expediente --que consta de más de 4 mil fojas contenidas en cinco volúmenes-- incluye aproximadamente 7 mil elementos de probanza, la institución ha impedido su consignación ante un juzgado Renuente a permitir que quede impune el caso, Sansores San Román, quien puso al descubierto el sitio, del que fue la principal afectada, recordó que la delegación de la PGR en Campeche confirmó el no ejercicio de la acción penal el 23 de septiembre de 2004, por lo que interpuso, con fecha 19 de octubre del mismo año, un segundo juicio de amparo ante el juzgado de distrito con sede en la entidad, en contra de la resolución emitida por la agencia del Ministerio Público Federal, que incumplió con las diligencias dispuestas por la subprocuraduría de Procedimientos Penales “C” de la PGR para el desahogo de algunas pruebas: 1 Solicitar la cooperación de la dirección de Asuntos Legales Internacionales de la PGR, a fin de lograr la declaración de Harlev Shlomo Avni y Elhanan Harlev, representantes de la empresa Teletron LTD, quienes vendieron el equipo de espionaje al gobierno del estado 2 Citar a Samuel Weinberg López, representante en México de la referida empresa, a fin de que exhiba documentación de las órdenes de pago realizadas por la Secretaría de Finanzas estatal al banco Unión, sucursal Reforma, en donde se realizaron transferencias a la cuenta de la empresa israelí Teletrón Ltd 3 Realizar peritajes en grafoscopía sobre las pólizas de cheques que aparecen en el expediente del espionaje 4 Recabar declaración de Eustaquio Correa Navarrete y Rodolfo Huicab Tamay sobre pólizas visibles según consta en las fojas 737 a 768 5 Solicitar por escrito y de manera oficial al Congreso de la Unión, las más de 7 mil pruebas que obran en su poder y que corresponden al proceso de juicio político en contra de Antonio González Curi 6 Declaraciones de Jorge García Zubieta, Jorge Luis Gil Beltrán, Francisco Javier Baeza Campos, William Petronio Olivera Valladares, Eustaquio Correa Navarrete, Julio César González Góngora y Francisco Fernández 7 Las demás diligencias que se deriven de las anteriores Una vez más, el Poder Judicial de la Federación concede a Layda Sansores un mecanismo legal para que las investigaciones lleguen realmente a fondo, buscando eliminar las omisiones tendenciosas y a modo que el delegado Luna Méndez, y el MP, orquestaron con la intención de desvirtuar los hechos ilícitos en que incurrieron los espías en Campeche “Las instituciones actualmente enfrentan serios retos de credibilidad frente a la ciudadanía, y en el caso especifico de la PGR, su actuación ha dejado mucho que desear, no sólo en el caso del espionaje telefónico, sino también en muchos otros que son ampliamente conocidos a nivel nacional”, comentó Sansores San Román “La impunidad no debe gestarse desde la institución cuya función social implica la procuración de justicia”, reprochó la exlegisladora federal, y añadió que “por no cumplir cabalmente con sus encomiendas, tal y como lo señaló el Poder Judicial de la Federación, el delegado de la PRG en Campeche debe presentar su renuncia inmediata al cargo, toda vez que su permanencia no sólo entorpece las investigaciones, sino que además carecen de legitimidad, al ser evidente que responde a grupos de influencia en el estado, los que le impiden actuar con legalidad e independencia, lo que deteriora y descompone seriamente el tejido social y el estado de derecho en la entidad”

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