Consejeros de Chiapas niegan irregularidades

martes, 31 de mayo de 2005 · 01:00
* Suspicacia tras adjudicación directa a Servicios, Asesoría y Materiales Electorales SA Tuxtla Gutiérrez, Chis , 30 de mayo (apro)- El Instituto Estatal Electoral (IEE) rechazó hoy haber cometido irregularidades, tras la adjudicación de la impresión de paquetería comicial a la empresa Servicios, Asesoría y Materiales Electorales SA (Samesa), a la que pagó poco más de 16 millones 600 mil pesos, en 2004 La aclaración se da, luego que se ventilara que el IEE de Chiapas otorgó a Samesa --por adjudicación directa-- el contrato para elaborar material electoral, ocho meses antes de los comicios del 3 de octubre de 2004 Dicho contrato fue aprobado por el Consejo el 3 de febrero de 2004 No obstante, según el convenio, la entrega del material se realizó hasta el 30 de julio Samesa recibió --desde febrero-- 35% del pago total El 16 de marzo recibió 15%, más el 50% restante el día de la entrega final Según la cláusula vigésima, "el proveedor no iniciará producción del material electoral y la tinta indeleble sin que cuente con el importe del pago inicial, que es de 35%" El consejero electoral Miguel Alejandro Negrón dijo que no hubo nada turbio detrás de esa adjudicación, pues el Código Electoral local da toda la facultad para que sea el pleno del Consejo General el que firme ese tipo de contratos con la empresa que mejor le convenga, según su “disponibilidad presupuestal” Dijo que pese a ser recursos públicos, no se puede decir que se violó la Ley de Adquisiciones de Chiapas, pues ésta sólo es aplicable al Ejecutivo, sus dependencias y a los 118 ayuntamientos Sostuvo Negrón que ciertamente se firmó el contrato ocho meses antes de los comicios, primero porque esa empresa fue la que --tras cotizaciones a otras firmas-- ofertó un costo más barato: 16 millones 291 mil pesos por urnas, mamparas, sobres, boletas, carteles y otros imprimibles, así como otros 399 mil pesos por la tinta indeleble Otras empresas, como Cartonera Plástica SA –de la que se sabe sus dueños son los mismos en Samesa) propuso 17 millones 701 mil pesos, y Diseño, Reconstrucción y Comunicación SA, sugirió 18 millones cien mil Dijo que Samesa les dio precios que otras empresas habían manejado en el proceso electoral del 2001, y con el fin de ahorrar recursos se optó por ella, además que para ir desahogando gastos, que tarde o temprano se iban a hacer, “de una vez se cumplió con ese pago, para no tener más egresos pendientes” Mencionó que contratar a Samesa fue consenso entre todos los consejeros y de los representantes de los partidos políticos, y que no deben sujetarse a una ley que no tiene competencia dentro del órgano, porque hacerlo haría que cualquier contratista no beneficiado pudiera interponer un recurso de inconformidad ante al Contraloría, la que a su vez depende del Poder Ejecutivo “Es decir, si se aceptara en la Contraloría ese procedimiento jurídico, se pone en riesgo cualquier proceso electoral Primero, no podría seguirse con la agenda de la organización electoral hasta en tanto no se resolvieran ese o esos recursos; segundo, se pensaría que si dependemos de lo que resuelva la Contraloría, eso se interpretaría como una dependencia del Poder Ejecutivo, lo cual pondría en entredicho la autonomía del IEE”, adujo Negrón Hizo el comparativo que en tanto en el 2001 se gastaron 16 millones 225 mil pesos para impresión de paquetería electoral --y otros 500 mil para tinta indeleble--, en el 2004 se erogaron 16 millones 291 mil pesos para lo primero y 399 mil para lo segundo Explicó que de 267 millones de pesos disponibles para el 2004, se erogaron 249 millones 869 mil, lo que da un ahorro de 30 millones 22 mil pesos Y sostuvo que quien puede fiscalizar los recursos del IEE es el auditor superior del Estado, en cuya ley, en su artículo cuarto fracción VII, se dice que revisará los ejercicios presupuestarios de “los entes públicos del estado, como los organismos públicos autónomos estatales; a las personas de derecho público de carácter estatal autónomas por disposición legal y demás órganos que determinen las leyes y ejerzan recursos públicos”

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