Intenta el PRD rescatar campaña de Polevnsky

martes, 31 de mayo de 2005
* Ante la caída de las preferencias electorales, envía a 14 de los 21 secretarios del CEN * Monreal mantiene la batalla legal para cancelar la candidatura de Peña Nieto; presentará demandas ante la Fepade México, D F, 30 de mayo (apro)- Ante la caída de las preferencias electorales en el Estado de México, la dirección nacional del PRD decidió enviar a 14 de los 21 secretarios del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) a apoyar la campaña de Yeidckol Polevnsky, en tanto que el representante de la alianza PRD-PT, Ricardo Monreal Ávila, mantiene la batalla legal en busca de cancelar la candidatura del priista Enrique Peña Nieto La publicación de la última encuesta en el diario El Universal, confirmó la tendencia en descenso de la campaña perredista, cuya candidata en abril –según el mismo diario-- contaba con una tendencia de 28 por ciento y un mes más tarde cayó cinco puntos porcentuales, por debajo de lo que el PRD y el PT juntos obtuvieron en la elección local del 2003, que fue de 25 por ciento En un comunicado, el CEN perredista informó que se “instrumenta un programa especial de fortalecimiento” de la campaña de la expresidenta de la Canacintra, de ahí que “catorce secretarios del CEN se irán de tiempo completo al Estado de México, además, de varias iniciativas para mejorar las condiciones” de la propaganda electoral En tanto, la batalla jurídica por la cancelación del registro del priista Enrique Peña Nieto “va en serio” y para ello el PRD está “cubriendo todos los frentes, porque legalmente es lo que procede ante el derroche de recursos”, advierte Ricardo Monreal Ávila, representante de Yeidckol Polevnsky ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) Después de presentar ante ese órgano electoral una queja administrativa por el presunto rebase de topes de campaña –el PRD estima que en los primeros 25 días Peña gastó, al menos, 282 millones de pesos, 30 por ciento más de lo establecido por el IEEM— el exgobernador de Zacatecas interpuso sendas denuncias ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de México por el supuesto uso de recursos públicos en la campaña del candidato de Alianza por México (PRI-PVEM) Además, Monreal presentará dos quejas ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) de la PGR ante la evidencia de que el origen de los recursos distribuidos por servidores públicos y dirigentes partidistas tiene un origen federal Monreal Ávila destaca: “Una vez que el pasado 12 de mayo interpusimos una queja administrativa ante el IEEM para que la Comisión de Fiscalización de este órgano corrobore que Peña Nieto sobrepasó los topes de campaña, lo jurídicamente conducente es que se le cancele el registro “No es capricho ni ganas de sacar de la contienda a Peña Nieto, sino que él y su coalición rebasaron los topes, y de acuerdo con el Código Electoral del Estado de México (artículo 61 fracción III), la sanción es la cancelación del registro; nosotros sólo pedimos el apego a la legalidad”, añade La intención de las denuncias por la presunta utilización de recursos públicos, apunta, además de buscar la sanción penal a nivel local y federal para los responsables, pretende “ejercer presión política, que no se le dé carpetazo al asunto y que no se deje impune a nadie” Así, en las denuncias que serán presentadas ante la Fepade se asienta la urgente “participación de la autoridad investigadora federal, toda vez que como es sabido, el ejercicio de los recursos y originas de los gobiernos estatales, se da con una mezcla financiera de los distintos niveles de gobierno que participan, consecuentemente, la competencia de esta autoridad investigadora se encuentra fundada, en virtud de que los recursos públicos a que se hace referencia tienen un origen federal y a los mismos se les ha dado un uso indebido” Estos documentos --una copia está en poder de Apro--, están fundamentados en los videos difundidos por el diario Reforma, los días 16 y 17 de mayo, en los que se ve a legisladores locales, funcionarios del gobierno de Arturo Montiel y dirigentes priistas entregando recursos públicos a comunidades rurales del Estado de México Se trata de dos actos proselitistas en favor de Peña Nieto realizados en las comunidades de Villa Victoria, en Soyaniquilpan, en los que se hizo entrega de apoyos del programa de Regionalización, y cuyos responsables incurrirían en los delitos de uso indebido de funciones y peculado En la primera queja se alude a la participación de la diputada local Mercedes Colín; Ángel Rojas Salgado, delegado de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario estatal; Isaura Ortega González, representante del programa de Regionalización; y Miguel de Dios García Ortega, secretario del ayuntamiento de Villa Victoria En la segunda, se habla de la presunta responsabilidad del diputado Ricardo Aguilar, presidente de la comisión de Asuntos Electorales del Congreso local; Ricardo García Maldonado, responsable del programa de Regionalización; y Juan Ignacio Ríos, encargado del mismo programa en Soyaniquilpan También tendrían responsabilidad, en la primer denuncia, los dirigentes del PRI, Ignacio Pichardo Lechuga –hijo del exgobernador Ignacio Pichardo Pagaza--, coordinador del PRI en Valle de Bravo; Valente López Velásquez, coordinador operativo regional del Comité Directivo Estatal del PRI; y en la segunda, quienes siendo miembros del partido, “aprovechan los programas de gobierno y, en consecuencia, los recursos públicos, para promover y apoyar la campaña de su candidato al gobierno del estado Enrique Peña Nieto” De acuerdo con los documentos que serán presentados ante las autoridades federales, los videos que son considerados la “prueba reina” de estos casos, acreditarían la comisión de los delitos de uso indebido de atribuciones y facultades, peculado, así como delitos electorales y en materia de registro nacional de ciudadanos, de acuerdo con lo señalado por los artículos 217, 223 y 407 del Código Penal Federal Tanto en el caso de Villa Victoria como el de Soyaniquilpan --se indica en las demandas--, se acredita el primer delito, dado que los servidores públicos que participaron en la entrega de apoyos del gobierno del Estado de México, “lo hicieron con el propósito de obtener el beneficio del voto en favor de su causa política, esto es, utilizan los fondos públicos con un propósito distinto al de carácter social que los identifica, pretendiendo manipular el sentido del sufragio de los beneficiados de los programas” En la acreditación del segundo delito, en ambos casos se indica que es evidente que “los fondos públicos están siendo desviados a una causa distinta a aquella que les da sustento para promover la imagen del candidato a gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto” De acuerdo con las consideraciones jurídicas expuestas por Monreal, los funcionarios y dirigentes partidistas corren el riesgo de ser encarcelados, debido a que su presunta responsabilidad se apega a lo dispuesto por la fracción III del artículo 407, que prevé penas para aquel servidor público que “destine, de manera ilegal, fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición en virtud de su cargo, tales como vehículos, inmuebles y equipos, al apoyo de un partido o de un candidato, sin perjuicio de las penas que pueda corresponder por el delito de peculado” Este tipo penal está también descrito en el artículo 412 del mismo Código Penal Federal, el cual “considera penas de prisión para el funcionario partidista o los organizadores de actos de campaña que, a sabiendas, aproveche ilícitamente fondos, bienes o servicios”

Comentarios