* Presenta una iniciativa de reformas a la Ley de Educación estatal Jalapa, Ver , 2 de junio (apro)- La fracción perredista en el Congreso del estado presentó una iniciativa para reformar varios artículos de la Ley de Educación del estado, con el fin de regular la proliferación de escuelas "patito" en la entidad El diputado Uriel Flores Aguayo afirmó que ante la ausencia de mecanismos efectivos de control de las autoridades responsables, "en la entidad está presente el fraude educativo", debido al otorgamiento desmedido de licencias a instituciones particulares que no reúnen los requisitos mínimos para cumplir su cometido Al presentar la iniciativa, Flores Aguayo señaló que para responder a la demanda, las autoridades "respondieron con el indiscriminado reparto de autorizaciones y reconocimientos de validez oficial a un gran número de instituciones educativas que no reúnen los requisitos mínimos para cumplir su cometido", y ni siquiera cuentan con las instalaciones apropiadas Muchas de estas escuelas privadas, detalló en la iniciativa presentada al pleno legislativo, "funcionan en bodegas, casas habitación y departamentos"; y ofrecen servicios de educación preescolar, primaria, secundaria y hasta universidades que prometen licenciaturas y postgrados en tiempos récord y "titulaciones exprés" "Estos son los mejores casos ?precisó--, porque también existe la modalidad del fraude educativo", en el que el alumno invierte tiempo, dinero y esfuerzo para descubrir cuando termina los programas que "la escuela a la que asistió es inexistente legalmente", porque carecía de la autorización o del reconocimiento de validez de los estudios Hasta la fecha, remarcó, las medidas de control parecen no suficientes para detener la proliferación y el crecimiento excesivo de instituciones "patito", por lo que solicitó al Congreso instrumentar medidas para contribuir a enfrentar este problema, el cual requiere de soluciones radicales e integrales que provengan de estudios y análisis sobre esta situación Planteó que el control de las autorizaciones y de los reconocimientos de validez de estudios, la inspección y vigilancia de los servicios educativos, "sea más riguroso y constante", mediante la aplicación de un programa anual obligatorio, que implica planeación y ejecución del Ejecutivo, "pero también la intervención de este Congreso, en la evaluación de los resultados" Al mismo tiempo, refirió, se propone que los particulares que presten servicios educativos, "tengan la obligación de refrendar anualmente las autorizaciones y los reconocimientos de validez oficial de estudios que les hayan sido otorgados", para regular con ello la inspección y la vigilancia de los servicios educativos Tampoco puede soslayarse que una de las variables que inciden negativamente en la calidad de los servicios, agregó, es que los particulares no están dispuestos a invertir recursos en la contratación de personal debidamente acreditado", la razón es obvia, "prefieren pagar cualquier salario a cualquier personal, que pagar un salario decoroso a docentes calificados" Para proteger los derechos laborales y contribuir, de alguna manera, al mejoramiento de la calidad de la educación, planteó, "se establece como una de las obligaciones que deben cumplir los particulares, so pena de pérdida de la autorización o del reconocimiento de validez de estudios, el otorgamiento a sus docentes de un salario equivalente al que reciben los de las instituciones públicas"