Jalapa, Ver , 12 de enero (apro)- Pese a haberla ratificado en junio pasado, el gobierno de Fidel Herrera Beltrán se desistió de la denuncia penal presentada contra exfuncionarios de la administración de Miguel Alemán Velasco, involucrados en la contratación de servicios de la empresa Link International de México, SC, por la posible comisión de los delitos de fraude, ejercicio indebido y abuso de autoridad El 13 de junio de 2005, el gobierno del estado, a través del titular de la secretaría de Gobierno, Reynaldo Escobar Pérez, por presumir agravio y perjuicio al erario público, presentó la denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos En ella se involucró a dos exsecretarios de despacho, Flavino Ríos Alvarado y Juan Felipe Aguilar de la Llave De acuerdo con el expediente ?número FESP/587/2005--, el gobierno de Herrera Beltrán denunció a los representantes legales del despacho jurídico Link International México, entre ellos, a Sergio Madrazo Langle, "por el probable delito de fraude", en virtud del cobro de 23 millones de pesos por la prestación de servicios Este despacho fue contratado por el gobierno de Alemán Velasco, a través de la secretaría de Gobierno, cuyo titular era entonces Flavino Ríos, para recuperar el presunto adeudo que la federación mantenía con el estado, por la cantidad de 5 mil 821 millones de pesos, "pero no se realizó trámite alguno ni promoción ante los diversos organismos" En la denuncia, dirigida al titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Emeterio López Márquez, el secretario de Gobierno expuso los posibles ilícitos que pudieran derivar de la celebración de los contratos de prestación de servicios profesionales, celebrados con ese despacho jurídico En la denuncia penal, se hace referencia a que, en la administración estatal anterior --la de Alemán Velasco--, fungiendo como secretario de Gobierno, Flavino Ríos Alvarado y como secretario de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Felipe Aguilar de la Llave, se celebraron dos contratos de prestación de servicios con el representante legal de Link International, Sergio Madrazo Langle Dicho despacho jurídico, según la denuncia, se haría cargo profesionalmente de un juicio sobre cumplimiento de los convenios de coordinación fiscal y del recurso de reclamación iniciados en la Unidad de Controversias y Acciones de Inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y se le pagaría de acuerdo con la cuantía de las prestaciones reclamadas No obstante, aclaró, "los dos juicios fueron elaborados y presentados ante la SCJN por los abogados de la dirección jurídica de la secretaría de Gobierno" Sin embargo, en diciembre de 2004, "la presidencia de la Corte dictó un acuerdo en el que se desechó de plano, por notoriamente improcedente, el recurso de reclamación interpuesto por el gobierno del estado" A pesar de ello, señaló, como resultado de la auditoria practicada a esa secretaría, "el gobierno de Veracruz erogó 23 millones de pesos que beneficiaron al despacho jurídico, en perjuicio del patrimonio público, sin que éste obtuviera beneficio alguno de los servicios profesionales contratados y sin que, hasta la fecha, se haya acreditado fehacientemente los pagos aludidos" En su denuncia, Escobar Pérez precisa: "No contamos con fotocopias del dictamen de justificación del servicio, ni con las correspondientes al contrato de servicios profesionales Con relación a los pagos, no se no han proporcionado las afectaciones presupuestales, las ordenes de pago ni la documentación que las respalda, ni contamos con los resultados obtenidos por el servicio prestado" Empero, el propio Escobar Pérez confirmó hoy el desistimiento de la denuncia presentada hace más de ocho meses contra los representantes legales del despacho jurídico y exfuncionarios del gobierno alemanista por "su autoría y participación en este fraude", bajo el argumento de que la PGJE "así lo determinó" "Yo no me desistí Lo que pasa es que la procuraduría no encontró fundamento para los ilícitos", se defendió el funcionario, tras lanzar ahora la pelota a los diputados locales: "La Legislatura tiene que actuar en su momento, al analizar la cuenta pública 2004 La procuraduría determinó que no era procedente Ahora le corresponde actuar al Congreso"