* Se busca regularizar en esa región alrededor de 17 mil hectáreas de tierras Tuxtla Gutiérrez, Chis , 26 de enero (apro)- Antes que concluya el sexenio, el gobierno federal tiene planeado poner fin al conflicto de la Selva Lacandona, con la entrega de recursos, reubicando poblados, deslindando tierras o bien entregando documentos que acrediten la legítima propiedad de quienes la habitan, así lo dio a conocer el secretario de la Reforma Agraria (SRA), Florencio Salazar Adame Salazar Adame dijo que la zona, al ser uno de los "focos rojos" del conflicto en la Lacandona, se tiene planeado hacer "todo lo posible" para que este asunto quede finiquitado y no se "herede" a gobiernos posteriores Hoy, al reunirse con indígenas de la Lacandona, Salazar Adame dijo que se podrían regularizar en esa región alrededor de 17 mil hectáreas de tierras Así mismo, se erogarán más de un millón y medio de pesos para indemnizar a ganaderos, finqueros y demás pequeños propietarios que perdieron sus tierras a manos de indígenas bases de apoyo zapatistas Hoy, previo a la reunión con Salazar Adame, las autoridades de los bienes comunales de la Zona Lacandona, afirmaron que cuentan con un promedio de 614 mil hectáreas, como parte de la dotación presidencial otorgada hace años Sin embargo, el gobierno federal cuenta con un estimado de poco más de 500 mil hectáreas La superficie ocupada por diversos grupos irregulares fue analizada entre la SRA y los lacandones, a fin de llegar a un acuerdo que permita el pago de las tierras, y con ello se solucione el problema jurídico de los asentamientos indígenas La SRA actualmente mide las tierras lacandonas, cuyo avance es de 80% Los trabajos culminarán a finales de mes, afirmó el titular de la SRA, al tiempo de asegurar que concluirán con este conflicto agrario Reconoció que durante el proceso de medición, algunos grupos impidieron parte de dichas tareas, aunque detalló que cuentan con la anuencia de 95 grupos en total que han aceptado la regularización Este viernes, Salazar Adame se reunirá con pequeños propietarios de Las Margaritas, Ocosingo y Altamirano, con quienes se acordó un pago de un millón 500 mil pesos a 250 personas que habrían perdido sus tierras luego del levantamiento indígena de 1994