Tuxtla Gutiérrez, Chis , 20 de octubre (apro)- De 30 leyes estatales aprobadas en México desde diciembre del 2001 en materia de transparencia y de acceso a la información pública, la de Chiapas ocupa el penúltimo lugar, por todos los errores, retrocesos y contradicciones jurídicas, consideró la jurista Perla Gómez Gallardo, coordinadora del área de litigio de la organización Libertad de Información-México (LIMAC) Al hacer un análisis de los 67 artículos y ocho apartados transitorios de la ley aprobada el miércoles 11 de octubre por el Congreso del estado, Gómez Gallardo reseñó que con Oaxaca en septiembre pasado y con Chiapas en este mes, se rompió la regla de que las leyes últimas son mejores que las primeras En un acto auspiciado por la organización Mujeres y Punto, Unidos por Chiapas, la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera (Canirac) y la Unión General de Obreros y Campesinos de México (Ugocem), la jurista expuso que es paradójico que los tres estados con más pobreza y marginación en todo el país (Guerrero, Oaxaca y Chiapas), tengan las peores leyes en la materia Gómez Gallardo indicó que la ley chiapaneca está mal redactada, ya que parece un "rompecabezas con las piezas dispersas en el tablero jurídico", pues a quienes la elaboraron les faltó sistematización y congruencia, además de que son evidentes muchas contradicciones "Existe lo que en el ámbito jurídico conocemos como, antinomias, es decir, por una serie de contradicciones, donde un artículo reconoce derecho y en otro lo desconoce", dijo Gómez Gallardo Señaló que la ley chiapaneca es regresiva en muchos aspectos, pues para tener acceso a la información pública se exige como requisito una identificación oficial y hasta huella digital en muchos casos, cuando no sepa firmar el ciudadano, pero a ha nadie se le debe exigir eso porque se utiliza como un acto inhibitorio por parte del servidor público ante el peticionario Dijo que a nadie se le debe pedir sus datos, "pues la información pública debe ser pública, sin requisitos que provoquen un temor ante una posible represalia por el uso de la información" Explicó que en el ámbito federal no se exige tal requisito Puso como ejemplo que el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) ha fallado en favor de solicitantes que se identifican con cualquier sobrenombre, incluso, Micky Mouse, ante la negativa de algún servidor "Prevale el respeto al derecho de la libertad de información sobre la identidad del solicitante" Sin embargo, lamentó que en los estados más pobres, los gobiernos estén imponiendo más obstáculos al acceso a la información pública Criticó la integración del Instituto de Acceso al Información Pública del estado, porque éste será un "apéndice más del Poder Ejecutivo" y eso le resta autonomía e independencia Por ende, añadió, "los chiapanecos no tienen garantías de que su derecho sea respetado" Parla Gómez señaló que lo destacable de la ley es el apartado sobre la información que será considerada como confidencial, ya que en una calificación del 1 al 10, alcanza un rango de 8, "por lo bien redactada y clara, no así en el aparatado de la información que será pública de oficio", ya que se encuentra muy acotado y perjudica el derecho de los chiapanecos a acceder a la información pública Criticó que el apartado de información pública establezca que deben ser públicos los directorios de los servidores desde mandos medios o sus equivalentes, hasta los niveles jerárquicos superiores, "cuando es sabido que en muchos casos la corrupción se da en los niveles más bajos, donde se registran los aviadores o bien se inventa personal burocrático fantasma, que solo cobra y no existe físicamente en el área" En este apartado se habla de que será pública de oficio la información sobre la remuneración mensual por empleo, cargo o comisión, pero omite los bonos, prestaciones y otros pagos que se hacen los servidores públicos como gastos de celular, asesores o viáticos Dio a conocer que las de Chihuahua y Campeche son consideradas las mejores leyes en la materia; mientras que la de Veracruz, la última Urgió a organizaciones sociales a coordinarse para exigir al Congreso del estado y al próximo gobernador de Chiapas, reformas a la ley respectiva, pues de lo contrario ese derecho solo será efectivo en el discurso pero no en los hechos