Pachuca, Hgo , 13 de noviembre (apro)- La defensa del escritor Alfredo Rivera Ríos y del periodista Miguel Ángel Granados Chapa solicitó se finiquitara la demanda interpuesta por el político hidalguense Gerardo Sosa Castelán, luego que el presunto afectado no ha mostrado interés en el caso de presunto "daño moral" que lleva más de dos años Alfredo Rivera, autor del libro La Sosa Nostra; porrismo y gobierno coludidos en Hidalgo, explicó que tanto él como Granados Chapa --quienes fueron codemandados por esta obra-- cuentan con abogados proporcionados por la asociación civil Libertad de Información México (LIMAC), otros dos de los señalados continúan erogando dinero en su defensa Se trata del fotógrafo Héctor Rubio Traspeña y del diseñador y artista plástico Enrique Garnica, quienes colaboraron en la elaboración de la portada del libro y han tenido que desembolsar fuertes sumas de dinero para comprobar que no cometieron ningún delito en un proceso que, deliberadamente, la parte acusadora ha alargado artificialmente De acuerdo con la abogada de LIMAC, Perla Gómez Martínez, el proceso se ha estancado 27 meses en el trámite de la notificación, debido a que los abogados de Sosa Castelán --ahora coordinador de la bancada de legisladores hidalguenses en San Lázaro-- no han ubicado el domicilio legal de la editorial Miguel Ángel Porrúa, lo que consideró un absurdo Rivera Flores dijo que, en este lapso, Gerardo Sosa ha dilapidado una enorme suma de dinero en una demanda que no ha podido demostrar el presunto daño moral por la publicación de la obra En este caso, dijo la abogada, si se sintiera agredido el político hidalguense, "podría llevar el juicio de manera rápida, en el sentido de tener una reparación veloz de su honor, lo que no se ha visto en los hechos, pues lo que pretende es tener sujetas a cinco personas", haciendo un gran daño a dos de los implicados, como son Rubio Traspeña y Enrique Garnica Insistió en que la demanda sigue con artimañas y negligencias de los abogados de Sosa, los que al parecer cobran por hora y llevan 27 meses sin avanzar en el procedimiento Derivado de esto, y para no caer en un juicio interminable, el Código Penal establece que después de 180 días sin actividad en un procedimiento, se puede pedir la caducidad, lo que implica que se da por terminada la instancia, mas no la acción Con ello, aunque se podría dar seguimiento posteriormente al caso, se termina por falta de interés del presunto afectado Por el momento, expresó que aunque han pedido la notificación del editor, hasta la fecha sólo llama la atención que no se pueda llevar al cabo, y ello puede entenderse como una medida dilatoria para mantener el caso abierto De paso, denunció que los abogados de Gerardo Sosa la han emprendido en contra del juez que lleva el caso, debido a que "no los ha apoyado" en su pretensión de que Rivera Flores, Granados Chapa y el resto de coacusados no reciban multas económicas como sanciones Este caso paralelo motivó que la defensa de Sosa Castelán haya interpuesto una demanda ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra el juez Avizoró la posibilidad de que Sosa Castelán se desista de demandar a la editorial Y mientras se ventila el caso ante la segunda instancia, los afectados declararon que el juez no vio la cuestión de la caducidad y será alguien más quien enmiende este error Rivera Flores recordó que Sosa Castelán sigue pugnando por alcanzar todos los poderes políticos en la entidad, y por esa suerte "es que no fue el afortunado que su partido seleccionó como candidato al gobierno del estado" Aunque posteriormente fue presidente del PRI estatal, para más tarde volver a perder en el afán de alcanzar una senaduría, pero no por otras razones, sino porque existen otras cúpulas mayores dentro del PRI, quienes le impusieron este destino Y aunque logró colocarse en una diputación, estos altibajos en su carrera política nada tienen que ver con el presunto daño moral provocado por el libro