México, D F, 7 de noviembre (apro)- Con el fin de enfrentar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y reorientar las políticas hacia el campo mexicano, miembros de organizaciones y movimientos campesinos independientes, se unieron para defender el campo e impulsar una nueva política rural y un nuevo pacto entre el Estado y el sector rural En este sentido, la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP); el Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas (CONOC); la Coordinadora Nacional de Plan de Ayala (CNPA); la Alianza Nacional de Productores Agropecuarios y Pesqueros (ANPAP-El Barzón), y la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), ratificaron su intención de coordinarse para impulsar un plan de acción desde este mes y hasta el 1 de enero de 2008 En principio, sostienen que la regresión antidemocrática que vive el país y la grave amenaza que representa la continuidad de las políticas anticampesinas y de fomento a la dependencia e inseguridad agroalimentarias, los obliga a realizar una suma de esfuerzos en torno a una agenda común de propuestas alternativas de política agroalimentaria 2006-2012 y de presupuesto rural 2007 Señalan que la política hacia el campo, desde 1982 a la fecha, se ha estructurado y aplicado para desmantelar la agricultura campesina, promover la dependencia y la inseguridad alimentarías, propiciar la destrucción de sus capacidades internas de producción y la oligopolización del sistema agroalimentario mexicano Todo ello, añaden, sólo ha provocado el incremento de la injusticia y exclusión social, la pobreza, la migración y el deterioro de los recursos naturales Apuntan que el modelo neoliberal de agricultura y alimentación sólo ha servido para beneficiar a un sector minoritario de ricos y privilegiados del campo, profundizando las desigualdades entre estados, regiones, localidades, tipo de productores y grupos de la población rural en general así como reproduciendo un injusto, depredador e insostenible sistema de concentración de ingresos, tierra, agua, tecnología, crédito, inversión y subsidios Proponen que, para salvar el campo, se tiene que echar mano de un nuevo modelo de agricultura y alimentación con base en una nueva política hacia el campo y nuevo pacto histórico entre el Estado y la sociedad rural Asimismo, dicen, el establecimiento de un compromiso de política de Estado a largo plazo, reformas constitucionales y legales; un incremento de 15% en términos reales del PEC Rural 2007, amén de garantizar, sobre todo, una ejercicio oportuno, sin recortes, transparente y con sujeción a reglas y que tenga una orientación explícita y verificable hacia la revalorización de la agricultura campesina y la soberanía alimentaría Igualmente, demandan "una defensa real del territorio rural; el reconocimiento a las organizaciones rurales como entidades de interés público; el establecimiento por ley de un consejo nacional independiente para la evaluación de las políticas hacia el campo y del PEC Rural, y principalmente, la renegociación de las provisiones agropecuarias, forestales y pesqueras del TLCAN que afectan nuestra soberanía alimentaría, la seguridad alimentaría de los mexicanos, el derecho de los campesinos y nuestro derecho a un desarrollo sustentable, así como la exclusión del maíz y el fríjol del TLCAN"