* Abstenerse de revelar intervenciones ilegales, advierte Pablo Salazar a medios Tuxtla Gutiérrez, Chis , 16 de febrero (apro)- En Chiapas, quien difunda grabaciones producto de intervenciones telefónicas --como las que dieron a conocer los medios de comunicación sobre el caso Lydia Cacho--, podría ir a prisión de seis y hasta doce años A propuesta del gobernador Pablo Salazar, el Congreso local legisló sobre la materia Esa fue una de sus primeras reformas, además de incrementar las penas a casi el doble por los delitos de difamación y calumnia En el apartado, "delitos de revelación de secretos y de acceso ilícito a sistemas y equipos de informática", en su capítulo I, artículo 283, refiere: "Se aplicará sanción de dos a cuatro años, y multa de veinte a cuarenta días de salario, al que sin justa causa, con perjuicio de alguien y sin consentimiento del que pueda resultar perjudicado, revele algún secreto o comunicación reservada, que conoce o ha recibido con motivo de su empleo, cargo o puesto" El 283 precisa: "Se sancionará con prisión de dos a ocho años, multa de veinte a cien días de salario, y suspensión de profesión o inhabilitación en su caso, cuando la revelación a que se refiere el artículo anterior sea hecha por persona que presta servicios profesionales o técnicos o por servidores públicos, y el secreto revelado o publicado sea de carácter industrial o mercantil" Y para rematar, el 284 bis, ratifica que "a quien revele, divulgue o utilice indebidamente o en perjuicio de otro, información o imágenes obtenidas en una intervención de comunicación privada, se le aplicarán sanciones de seis a doce años de prisión y de trescientos a seiscientos días multa" Por eso hoy, ante el escándalo por las recientes filtraciones, el gobernador Pablo Salazar presumió sus reformas, y pidió que los medios se regulen y no anden difundiendo grabaciones telefónicas producto de intervenciones ilegales Alertó sobre "la vulnerabilidad en que vivimos todos los ciudadanos al estar intervenidos telefónicamente La gente habla como habla porque nadie sabe que lo están escuchando, cree que está hablando sólo con otra persona, y esto demuestra la gran fragilidad que tenemos todos con las intervenciones telefónicas" Según Salazar, el caso "amerita una discusión profunda de cuál es el papel de los medios, porque difundir conversaciones privadas es un delito, sin embargo los medios están difundiéndolos, amerita una revisión a fondo este tema"