* Fincar responsabilidades a funcionarios de Aduanas, Infonavit y Pemex, sugiere Chaurand Arzate Guanajuato, Gto , 3 de febrero (apro)- El gobierno federal debe empezar por investigar, deslindar y, en su caso, fincar responsabilidades a aquellos funcionarios señalados en el informe de la comisión especial del Congreso de la Unión, que pudieron haber favorecido o beneficiado a las empresas o negocios de los hijos de Marta Sahagún de Fox, afirmó aquí el vicepresidente de la directiva del Senado, Carlos Chaurand Arzate Destacó que esta es una obligación que deberían asumir tanto la Secretaría de la Función Pública (SFP) como la Procuraduría General de la República (PGR), pues "una de las primeras obligaciones del Estado es cuidar el funcionamiento de su estructura administrativa" Aunque aclaró que, en caso que se encontraran responsabilidades o se tipifique un delito cometido por alguno de los hermanos Bribiesca Sahagún, o sus socios, la ley debe aplicarse "sin distingos" El senador celayense aseveró que, aunque no conoce las condiciones jurídicas del expediente integrado por la comisión legislativa, al igual que muchos ciudadanos de Celaya, Guanajuato, y de México, "sabemos que hay cosas turbias, tenemos la impresión de que hay tráfico de influencias, favoritismos, y que esa es, en lo mínimo, la verdad pública" Pero apeló a su formación de abogado para agregar que, si en última instancia, lo que cuenta es la verdad legal, entonces ésta se debe acreditar con base en las pruebas que exige la propia ley El senador priista sugirió que la denuncia o la petición para que tanto la SFP como la PGR investiguen a funcionarios y empresas de los Bribiesca Sahagún, puede surgir lo mismo del Ejecutivo que del propio Congreso "Pueden ser cualquiera de los dos" los que soliciten la actuación de estas dos instancias Dijo no conocer las razones por las que la Cámara de Diputados no tomó en sus manos la posibilidad de presentar una denuncia, pero añadió que, "como senador, ciudadano y miembro de un partido, pido se aplique la ley sin distingos", en virtud que en este posible tráfico de influencias estarían involucrados servidores públicos de organismos como Aduanas, Infonavit o Pemex "Los funcionarios públicos están sujetos a un régimen de responsabilidades y a un orden jurídico especial que castiga los delitos que se cometen en ejercicio del encargo Ahí es por donde primero deberían empezar" Según el legislador celayense, no está claro aún si quienes utilizaron o pudieron haber traficado con influencias oficiales hayan incurrido en un delito federal "Lo que sí sé es que el funcionario que aceptó el tráfico de influencias debe ser castigado" En todo caso, destacó, "si la Procuraduría (General de la República) encuentra que existen elementos para consignar a quien sea, lo debería hacer"