Chiapas: Torturadores cobijados por el poder

miércoles, 8 de febrero de 2006
* El gobierno de Pablo Salazar "arropó" a tres sujetos acusados de maltrato físico en 1985 * Vivieron en la impunidad en distintas áreas de la administración y el Congreso estatales Hoy están detenidos Tuxtla Gutiérrez, Chis, 7 febrero (apro)- Antes de ser detenidos y consignados como presuntos responsables del delito de tortura en agravio de Julieta Flores y Reyes Penagos, los exservidores públicos Francisco Hernández Chacón, Salomón Núñez Díaz, César Montes Alegría y José Uriel Estrada Martínez fueron "militantes distinguidos" o mantuvieron estrechos vínculos con políticos de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) Miguel Ángel de los Santos, defensor de indígenas y campesinos en Chiapas, refirió, por ejemplo, que Estrada Martínez fue en 1995 fiscal especial para el caso de Jaltenango y como tal, responsable de indagar los asesinatos de los candidatos del PRD y PRI, Antelmo Roblero y Rito Solís, respectivamente En su calidad de servidor público, toleró también que los ministerios públicos y agentes judiciales bajo sus órdenes torturaran a tres campesinos, Enrique Flores, su hija Julieta Flores y el compañero de ésta, Reyes Penagos Martínez, quien en aquel tiempo era dirigente de la Unión Campesina Popular Francisco Villa Éste último sería después ejecutado y su caso llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas Antes de ser capturado como presunto responsable de tortura, Estrada Martínez era secretario de Asuntos Parlamentarios del Congreso del estado Según De los Santos, llegó a esa posición recomendado por el exfuncionario priista y ahora candidato a diputado federal por el PRD, Omar Molina Zenteno En su columna "Portafolios Políticos", el periodista Carlos César Núñez Martínez, aporta un dato más sobre tan singular personaje: que Estrada Martínez "El Toy Story", fue uno de los seis consejeros estatales que se pronunció públicamente en favor de la candidatura a la gubernatura de Chiapas del actual secretario de Gobierno, Rubén Velásquez López "Sin embargo, los diputados integrantes de la LXII Legislatura local, deberían llamarle la atención a Uriel Estrada Martínez, porque como encargado de la Secretaría de Asuntos Parlamentarios no debería estar manifestando inclinaciones políticas; tiene una responsabilidad en el Poder Legislativo y su actuación debe ser imparcial, a partidista y conforme marca la Ley Orgánica", opinó Núñez Martínez Otro de los involucrados en la detención, tortura y muerte de Reyes Penagos es José Otilio López Guillén, quien se desempeñó como oficial de la Secretaría de Seguridad Pública hasta 2002 Fue destituido por la Contraloría Estatal (expediente número QD/049/2002) por irregularidades en el desempeño de su cargo López Guillén trabajó en la corporación policial estatal, a pesar de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos incluyó su nombre en dos recomendaciones, la 61/96 y la 109/97, por la violación de los derechos humanos de labriegos de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ), quienes fueron desalojados violentamente de un bloqueo de carretera En la misma situación se encuentra el caso de Ramón Casanova Ozuna, quien sigue prófugo Casanova fue agente del Ministerio Público del Fuero Común y se le involucra en el caso de la ejecución de Penagos Martínez ocurrida en 1995 A pesar de que la CNDH lo involucró en dos recomendaciones, la 61/96 y la 118/97, por presuntas violaciones a las garantías individuales en 2003 fue nombrado coordinador general de Ceresos Un año después, su nombre apareció en el directorio de servidores públicos como jefe del Departamento Jurídico de la Coordinación General de Prevención y Readaptación Social del estado De los Santos dijo que resulta paradójico que varios de los inculpados en actos de tortura hayan sido cobijados por las autoridades estatales "El gobierno del estado comienza tarde el ajuste de cuentas con los perpetradores de violaciones a los derechos humanos", dijo En opinión del defensor de los derechos humanos, la detención de los cuatro exservidores públicos representa el inicio del proceso de justicia para las víctimas, pero aclaró que éstas sólo se verán resarcidas en sus derechos cuando todos los responsables sean castigados y se les otorguen las medidas de reparación correspondientes, incluyendo las garantías de que estas violaciones no volverán a ocurrir", expuso el abogado de la Red de Defensores Comunitarios de los Derechos Humanos "Mientras eso no ocurra no debemos celebrar las consignación de probables responsables como el arribo de la justicia, pues una práctica muy utilizada en el actual gobierno es publicitar las detenciones como actos de justicia, aunque posteriormente y en sigilo alcancen la libertad sin haber sido castigados", subrayó En los hechos ocurridos en 1995 también están implicados una decena más de servidores públicos, entre ellos el exprocurador de justicia, Jorge Enrique Hernández Aguilar

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