México, D F, 22 marzo (apro)- El Instituto Federal Electoral (IFE) y el gobierno del Distrito Federal (GDF) investigarán, cada uno por su cuenta, el presunto uso político que la administración pública capitalina le está dando a la propaganda a favor del candidato presidencial de la coalición "Por el bien de todos", Andrés Manuel López Obrador Luego de que el diario Reforma publicó hoy que en dispensarios médicos de la delegación Venustiano Carranza se están expidiendo recetas médicas con la propaganda de la campaña presidencial de López Obrador, Alejandro Encinas, jefe de Gobierno capitalino, se comprometió a averiguar el origen del caso que podría constituir un delito electoral "Vamos a analizarla Es un volante, que no es receta, que trae el sello del Departamento del Distrito Federal, no del Gobierno del DF", dijo Encinas en su conferencia de prensa mañanera Señaló que su gobierno ha tomado en serio el programa instrumentado para evitar el uso de recursos públicos con el propósito de promover a algún partido o candidato, de cara a las elecciones del próximo 2 de julio Recordó que en los casos identificados hasta ahora, en las delegaciones Azacapotzalco y Coyoacán, se han separado de sus cargos a los funcionarios involucrados "Se ha inhabilitado a servidores públicos de sus cargos, particularmente en Azcapotzalco, donde incluso hubo sanciones económicas por arriba de 450 mil pesos", añadió Además, advirtió que actuará de manera implacable contra quienes desvíen recursos o condicionen servicios en el marco de las campañas electorales Por su parte, el consejero-presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, dijo que el instituto se avocará a investigar el presunto delito cometido por las autoridades capitalinas En entrevista, Ugalde comentó que, de confirmarse esa situación, la primera línea de investigación sería constatar "si algún funcionario está violando la ley" Explicó que, de ser así, corresponderá a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade) abrir la indagatoria respectiva "Primero se debe determinar si se trata del condicionamiento de la prestación de un servicio", dijo, y recordó que el Código Penal Federal establece que no se puede negociar una atención a cambio del apoyo la inducción del voto