* Si hubo impunidad, no fue su culpa, afirma; no se les pudo imputar ningún quebranto patrimonial, alega * Culpa al Poder Judicial de las irregularidades encontradas; deslinda a la PGR y a la Procuraduría Fiscal México, D F, 18 de abril (apro)- Si hubo impunidad en algunos casos relacionados con el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), como sostiene la Auditoría Superior de la Federación, no fue culpa ni de la Procuraduría General de la República, ni de la Procuraduría Fiscal de la Federación, ni mucho menos de los banqueros, a quienes legalmente no se les pudo imputar ningún quebranto patrimonial, aseguró la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Por el contrario, dijo, de las irregularidades encontradas en los 62 procedimientos penales derivados del proceso de intervención bancaria, debe responsabilizarse en todo caso al Poder Judicial, debido "a los criterios diversos y contradictorios sostenidos por los tribunales" respecto de dos situaciones: uno, "el momento a partir del cual se computa la prescripción y, dos, "la necesidad de que un servidor público ratificara o no las denuncias de forma personal y no sólo por escrito, ante el Ministerio Público" Las "deficiencias existentes en la legislación financiera en la época de los hechos (1995-1998), dijo Hacienda, también influyeron para que muchas conductas realizadas en el medio financiero en dicho periodo no fueran consideradas como delitos, por lo que las autoridades no tuvieron mayores elementos y tiempo para perseguirlos Hacienda hizo referencia a la información que han venido reproduciendo los medios respecto del último informe de la Auditoría Superior de la Federación, en el que señala, entre otras cosas, que cerca de un 80% de los delitos cometidos en el Fobaproa quedaron impunes por omisiones y conductas dilatorias de las procuradurías General de la República y Fiscal de la Federación Según la ASF de 62 denuncias penales contra ejecutivos de bancos, la mitad prescribió por falta de actuación en tiempo y forma de la PFF; ocho denuncias más fueron sobreseídas porque esa misma procuraduría no ratificó las querellas En el caso de la PGR, la ASF señala que dos dictámenes tuvieron no ejercicio de la acción penal por falta de elementos y seis denuncias fueron enviadas a reserva Solamente tres procesos judiciales fueron terminados Todos los casos se refieren a los bancos que fueron intervenidos, y no a los que recibieron apoyos de otros programas como los de capitalización Entre los intervenidos estuvieron los dirigidos por célebres "banqueros" que fueron encarcelados y que ya están libres: Unión (Carlos Cabal Peniche), Confía (Jorge Lankenau), Banpaís (Isidoro Rodríguez "El Divino"), Interestatal, Sureste, Capital, Oriente En su defensa de este martes ?de instancias del Ejecutivo y de banqueros--, la Secretaría de Hacienda señala que la polarización de criterios al interior del Poder Judicial respecto de la prescripción de delitos generó la intervención de la Suprema Corte, pero ésta fijó jurisprudencia hasta el año 2003 y los presuntos delitos se cometieron antes de 1998 La prescripción, actualmente, de acuerdo con la tesis 34/2003, corre a partir de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores envía la opinión de delito a la PFP, pero antes había tantos criterios como tribunales ?según el argumento de Hacienda-- que algunos delitos estaban prescritos antes de que el expediente y la opinión de delito fueran turnados a la Procuraduría Fiscal, y otros no llegaban ni a prescribir El punto, insiste la Secretaría, es que la legislación financiera de la época era insuficiente para atacar el tipo de delitos que se cometían en ese medio (y que aceleraron el quebranto de los bancos), y por tanto "la autoridad enfrentaba grandes dificultades para demostrar la existencia de un daño patrimonial" En suma, contra lo que dice la Auditoría Superior de la Federación, "fueron insuficiencias e imprecisiones en nuestro régimen jurídico las que impidieron perseguir exitosamente a los responsables de los delitos" que originaron el quebranto bancario