* Se congratula también por las reformas que salvaguardan el secreto profesional México, D F, 19 de abril (apro)- La Presidencia de la República aplaudió la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de investigar la posible intervención del gobernador Mario Marín en la violación de las garantías individuales cometidas contra la periodista Lydia Cacho en diciembre del año pasado En su conferencia de prensa mañanera, el vocero Rubén Aguilar presumió que en el México de hoy, la solidez de las instituciones es garantía de que se va a investigar a fondo cualquier intento de violación de los derechos fundamentales de los mexicanos "La libertad de expresión es un pilar fundamental de la democracia que todos estamos construyendo, y esta decisión de la Suprema Corte demuestra que todos los poderes del Estado mexicano estamos comprometidos a defenderla y preservarla", dijo De igual forma, el vocero se congratuló de que la Cámara de Diputados haya aprobado reformas el Código Penal, mediante las cuales se garantiza el derecho a los periodistas de mantener bajo reserva el origen de sus fuentes de de información Indicó que dichas reformas despenalizan también delitos, como la injuria, la difamación y la calumnia, por lo que, sin duda, dijo, son una medida importante para fortalecer el ejercicio de la labor periodística Con estos cambios, corresponde ahora a los periodistas, acotó, ejercer su trabajo con ética y profesionalismo para que la labor que desempeñan contribuya a consolidar una sociedad más enterada, transparente y democrática Aseguró que con esta medida se da un paso más para garantizar el libre ejercicio de la función periodística en congruencia con la convicción democrática de este gobierno "Corresponde ahora a los Congresos locales reformar también los códigos penales de las entidades federativas en el marco de esta nueva ley federal", indicó Aguilar encomió también la decisión del Congreso de rechazar la propuesta del PRD que proponía modificaciones a la Ley del Servicio Profesional de Carrera Advirtió que de haberse concretado dichas reformas hubieran significado un retroceso en el proceso de modernización pública federal y en la profesionalización del trabajo de los servidores públicos