* Afirma la regidora panista Silvia Cacho * En un nuevo Cancún en Tamaulipas Ciudad Victoria, Tamps , 21 de abril (apro)- Los terrenos del puerto industrial de Altamira, que el gobierno de Tomás Yarrington Ruvalcaba vendió en 2001 en 87 centavos el metro cuadrado, porque supuestamente carecían de valor comercial, ahora resulta que serían colindantes con un mega-proyecto turístico en la playas del estado, que se equipararía a un nuevo Cancún La regidora panista Silvia Cacho Tamez dijo que, de esta forma, las 1,600 hectáreas que en el pasado sexenio fueron vendidas en 14 millones de pesos al empresario Fernando Cano, acusado de ser prestanombres de Yarrington, podrían llegar a valer unos 32 mil millones de pesos "Dijeron que no tenían valor para justificar una venta que, a todas luces era ilegal, y se hizo a un precio ridículo, pero ahora resulta que en esa misma área hay un proyecto turístico llamado `Mar-y-lago`, que sería algo así como el Cancún tamaulipeco", señaló Cacho Tamez mostró un folleto sobre la promoción que, desde el año pasado, se hace en Estados Unidos del proyecto "Mar-y-lago", "Isla Paraíso", unicado en playas e islas del estado, que consta de 4 mil 500 habitaciones de hotel, 444 residencias, 2 mil 944 condominios de lujo, campos de golf, centros comerciales, club privado, centro de convenciones y marina con salida al mar Explicó que la marina de este centro turístico estaría en el canal que hoy impulsa el gobierno del estado, "con el pretexto" del proyecto para construir la Presa del Río Tamesí En el folleto entregado por Cacho Tamez se especifica que la información sobre este proyecto turístico es proporcionada en Orlando Florida por el representante Timothy Brumlik Dijo que si la Administración Portuaria Integral de Altamira (API) vende actualmente las tierras en el puerto industrial a razón de 20 dólares metro cuadrado, con la propiedad que adquirió Cano, tendrían hoy un valor de 3,200 millones de pesos Añadió que, de concretarse este proyecto, aumentaría 10 veces ese valor; es decir, que podrían llegar a costar 32 mil millones de pesos, cuando él pagó por ellas 14 millones Cacho dijo que, de acuerdo con el mapa que aparece en el proyecto --que dijo haber confirmado por diversas vías--, las tierras propiedad de Cano resultarían beneficiadas "Con esto se demuestra que los funcionarios conocían este proyecto, y utilizaron dicha información para beneficio personal, en agravio de los verdaderos dueños, que son los campesinos, a los que el día de mañana les irá bien si los contratan como servidumbre", añadió la regidora Representante legal de ejidatarios que eran propietarios originales de esos terrenos, la regidora panista señaló que utilizará esta información para exigir que se revierta la expropiación en favor de sus representados, porque el fin que tuvieron no fue para "utilidad pública", como se justificó originalmente, sino que serán de beneficio para particulares y políticos Incluso, indicó que el abogado Tomás González pretende llevar este caso ante las Naciones Unidas, "porque es un claro ejemplo de la corrupción que prevalece en el país" Explicó que los terrenos vendidos al empresario constructor tamaulipeco, Fernando Cano, fueron expropiados entre 1981 y 1996 a campesinos y pescadores de los ejidos Altamira, Flores Magón y Francisco Medrano, entre otros, para la construcción del Puerto Industrial de Altamira y afirmó que, hasta la fecha, no han recibido la totalidad de sus indemnizaciones El decreto inicial de 1981, apuntó, manifestaba que la expropiación se realizaba para "fines de utilidad pública y, de no utilizarse para ello, en cinco años serían regresados a sus poseedores originales" En el sexenio del gobernador Manuel Cavazos Lerma, el gobierno federal realizó varias desincorporaciones a favor del gobierno del estado de esos mismos terrenos para la construcción del "Canal Intracostero ", que nunca se concretó En el gobierno de Yarrington, esas 1,600 hectáreas fueron transferidas a un fideicomiso denominado "Nuevo Santander", el que, 14 días después de haber recibido el terreno, decidió venderlos al empresario ligado a Yarrington, quien prácticamente tuvo a su cargo casi la totalidad de las obras carreteras que se hicieron en ese sexenio "El ayuntamiento de Altamira autoriza directamente el uso de suelo con fecha 3 de abril de 2002 como de uso industrial y marítimo y, a través de su catastro, el 19 de noviembre de ese mismo año, concede un manifiesto de propiedad y realiza un avalúo parcial dando valor de 87 centavos el metro cuadro; es decir, casi 14 millones de pesos a 16 millones de metros cuadrados, donde bien podrían vivir el doble de la población de Altamira", dijo la regidora Cuando esa venta fue puesta al descubierto en la prensa, el gobierno del estado justificó el bajo precio pactado --a pesar de que los terrenos se encontraban frente al mar, en el puerto industrial de Altamira--, a que una parte de las 1,600 hectáreas eran marismas y carecían de valor comercial